La experiencia inédita del debate en el Congreso sobre el proyecto de legalización del aborto permite reflexionar sobre algunas cuestiones determinantes a la hora de pensar el futuro de la democracia argentina. Por un lado, fue un buen catalizador para que saliera a la luz una realidad dramática que viene sucediendo desde hace décadas, y a la vez para que la ciudadanía pudiera conocer más claramente los métodos y los valores que impulsa cada fuerza política. Quedó demostrada la frivolidad de algunos cultores de la política marquetinera que ni siquiera evitaron festejar que todo siga igual como si hubiera sido un triunfo deportivo.
También fue un hecho positivo la inmensa cantidad de personas que fueron invitadas a exponer argumentos y datos sobre las consecuencias que genera la actual situación. De paso, cabe recordar que si algún defecto tienen esos datos no es que exageren la gravedad de la realidad –como sugieren algunos sospechadores seriales–, sino al contrario: la sub-registran. Pero más sorprende que haya quienes reclaman que se silencie a quienes simplemente mencionan esos datos. Es bueno que se haya hecho visible que hay un sector de la dirigencia para la cual, si en algo no coinciden sus creencias y los datos de la realidad, peor para la realidad.
Por último, entre las buenas noticias está la saludable noticia de que las movilizaciones siguen teniendo peso en la política argentina. Si algo caracteriza a nuestra historia –al menos en esta parte del mundo– es el poder político de la organización popular. La masividad y la constancia de las convocatorias de mujeres y jóvenes son casi el único viento fresco de los últimos años en la sociedad argentina. En una nueva refutación de los planteos típicos de la legión de multiderrotistas, se pudo verificar que en la Argentina, una vez más, la movilización política hizo tambalear el poder de apriete de las corporaciones y las intrigas palaciegas.
Pero una mirada crítica del debate en el Congreso nos obliga también a ser precavidos, por varias razones. En primer lugar, porque no fue un debate: fue un combate. La actitud que predominó en quienes se opusieron al proyecto de ley fue la de desacreditar –en el mejor de los casos, cuando no directamente exigir sus cabezas en un plato– a quienes exponían argumentos o datos que no reafirmaban sus convicciones.
No buscaron refutar argumentos con otros argumentos, ni expusieron datos que permitieran validar sus posiciones: simplemente atacaron a las personas. Es una conducta que excede largamente la cuestión del aborto. Pero es preciso remarcarlo, no porque deba preocupar la suerte de quienes alguna vez fuimos atacados por esos motivos, sino porque el predominio de esta forma de debatir facilita que triunfen quie- nes rechazan los cambios. Si algo caracteriza a las sociedades humanas es su capacidad para justificar o criticar su funcionamiento real desde la perspectiva de sus propios miembros. Es la mejor manera para alcanzar la justicia social: discutiendo abiertamente sobre qué es justo y qué no lo es.
Además, resulta alarmante otra actitud de buena parte del sector que se oponía al proyecto: simplemente decían “no, no y no”, como nenes a los que van a retar cuando vuelvan a casa si se portaron mal. No hacían propuestas superadoras, o peor, hacían propuestas delirantes –tal vez algún día los manuales mencionen que la ley se frenó porque algunos legisladores propusieron dar anualmente en adopción a medio millón de niños– o francamente insultantes –como la de sugerir que un tratamiento psicológico puede ser solución para las víctimas de violación. No fueron expresiones de manifestantes aislados, sino de representantes elegidos democráticamente.
Si bien es razonable suponer que en los próximos años la ley terminará aprobándose por el peso político de los grandes centros urbanos, igual que en los sistemas políticos donde la democracia tiene una trayectoria más extensa, es preciso reflexionar sobre el hecho de que mayoritariamente votaron en contra los representantes de las provincias en las que los datos muestran las peores consecuencias de mantener el statu quo. Mientras, las muertes evitables por esta u otras causas seguirán ocurriendo, y algunos continuarán culpando a las víctimas.
El sistema democrático argentino tiene graves problemas de equidad. Para cambiarlo se requiere de un debate abierto y responsable, con argumentos y datos, no con chicanas y escraches. Se necesitan debates, no combates. No es posible avanzar hacia una sociedad más justa cultivando el fanatismo y la cultura de la sospecha, o esgrimiendo juegos de palabras. Sería para reírse, si el resultado no fuera una tragedia cotidiana para millones de argentinos. ■
