Este sábado 29 de agosto se cumplió un año del cierre de ILVA, la histórica fábrica de cerámicos ubicada en el Parque Industrial de Pilar. La decisión dejó a unos 300 trabajadores sin empleo y, doce meses después, la mayoría continúa esperando cobrar las indemnizaciones correspondientes.

Desde aquel día, los despedidos sostienen un reclamo que incluyó movilizaciones, cortes de calles, protestas en los accesos al Parque Industrial y en la Panamericana. Además, un grupo de trabajadores mantiene un acampe permanente en la puerta de la planta.

“Hace un año, nuestras vidas cambiaron por completo. Desde entonces golpeamos puertas, realizamos movilizaciones, cortamos calles, estuvimos en los accesos al Parque Industrial y en la Panamericana, y hasta el día de hoy sostenemos un acampe en la puerta de la fábrica”, recordó Gabriela Vallejos, una de las trabajadoras despedidas, quien durante dos décadas trabajó en ILVA.

Vallejos describió este período como “un año de espera, de incertidumbre, de dolor y de una lucha que, a pesar del tiempo, sigue sin obtener las respuestas que tanto esperamos”.

Un año de acampe y reclamos

El cierre tomó por sorpresa a los trabajadores. A pesar de las dificultades que atravesaba la empresa, no esperaban un desenlace de esas características. Poco antes del cierre, incluso, ILVA había terminado de instalar maquinaria importada desde Italia para poner en funcionamiento una nueva línea de producción.

Sin embargo, a fines de agosto de 2025 la empresa cerró y los trabajadores fueron despedidos.

Con el paso de los meses, el reclamo se mantuvo. Actualmente, alrededor de 40 trabajadores continúan participando del acampe, organizándose mediante turnos para sostener la protesta frente a la fábrica.

“Estamos cansados, claro que sí. Un año de lucha desgasta a cualquiera. Pero hay algo más fuerte que el cansancio: la convicción de que nuestra causa es justa y la fortaleza de quienes decidieron no bajar los brazos”, sostuvo Vallejos.

Los despedidos también llevaron su reclamo a distintos ámbitos, entre ellos el Congreso, donde realizaron movilizaciones para visibilizar su situación.

Qué pasó con el concurso preventivo

La situación de ILVA también continúa bajo análisis judicial. Desde octubre de 2025 tramita ante el Juzgado Comercial N° 12 de la Capital Federal un pedido de concurso preventivo de la empresa.

En marzo de este año, la Justicia ratificó la intimación a ILVA para que deposite obligatoriamente el 3% de sus ingresos brutos con el objetivo de atender el régimen de “pronto pago” destinado a los créditos laborales.

Sin embargo, pese a esa medida, hasta el momento los trabajadores no recibieron sus indemnizaciones, ni siquiera de manera parcial.

En mayo, además, la Cámara rechazó una medida cautelar presentada por ILVA para evitar que Edenor suspendiera o interrumpiera el suministro eléctrico en su sede debido a las deudas acumuladas.

La Justicia también le negó a la empresa autorización para vender activos. Según se consideró, no se habían presentado ofertas concretas ni información actualizada que permitiera conocer el estado real de cumplimiento del acuerdo o de las operaciones de la firma.

“Seguimos esperando justicia”

Para los trabajadores, el reclamo excede el pago de una indemnización. Se trata también del reconocimiento de los años de trabajo y del impacto que el cierre tuvo sobre cientos de familias.

“Queremos que se reconozca lo que hicimos. Queremos respeto. Queremos justicia. Porque un trabajador no es descartable. Porque tantos años de trabajo no pueden borrarse de un día para el otro. Porque cada compañero tiene una historia, una familia y una dignidad que merece ser respetada”, expresaron los despedidos.

Durante este año, además, los trabajadores atravesaron un momento especialmente doloroso con la muerte de uno de sus compañeros despedidos, quien se quitó la vida.

“Un dolor que nos marcó profundamente y que llevaremos siempre con nosotros. Sin embargo, incluso en ese momento tan duro, seguimos adelante porque sabemos que esta lucha representa a muchas familias que esperan una respuesta”, señaló Vallejos.

A un año del cierre, algunos de los despedidos lograron volver a conseguir trabajo, mientras que otros continúan buscando una oportunidad laboral. En paralelo, el grupo que sostiene el acampe mantiene el reclamo por las indemnizaciones.

“Exigimos justicia y el pago de las indemnizaciones que nos corresponden”, resumió Vallejos.

Un año después del cierre de ILVA, la fábrica permanece como uno de los símbolos de la crisis industrial que atraviesa Pilar. Para los trabajadores despedidos, el aniversario no representa un punto final: es otro capítulo de una lucha que continúa frente a la planta y en los tribunales.