Los detenidos fueron liberados por falta de pruebas, y un nuevo equipo de fiscales al frente de la investigación puso el foco sobre el narcotráfico en el distrito de San Martín. A fin de mes se conocerá el informe de la comisión legislativa, donde el kirchnerismo objetará la política de seguridad bonaerense, en lo que podría ser otro duro revés para Daniel Scioli.
A un año de la desaparición y posterior homicidio de Candela Sol Rodríguez, de once años, no hay ningún detenido, y a nadie le quedan dudas de que la investigación policial y judicial fue un fracaso.
El trabajo que llevaron adelante los fiscales Marcelo Tavolaro y Federico Woodgate, junto al juez Alfredo Meade y la plana mayor de la policía bonaerense, dejó como saldo la detención de casi una decena de personas acusadas de integrar una supuesta banda, a pesar de que no se registraban llamadas entre ellas y casi ninguna se conocía.
La Cámara de Apelaciones de Morón apartó al juez, sugirió la remoción del fiscal Tavolaro y dejó en libertad a todos los detenidos, ya que ninguna prueba los vinculaba con el secuestro y asesinato de Candela.
Ahora, la causa está en manos del fiscal Mario Ferrario, secundado por un equipo de colegas que como primera medida revisó la causa de punta a punta, y separó a la policía de la investigación. Hubo un giro importante en la impronta de la causa, que pone la atención sobre la familia y el narcotráfico en San Martín. Se cree que detrás del asesinato de Candela hay una historia relacionada a dinero proveniente de la venta de drogas, y a alguna banda de narcos con participación policial.
EL INFORME DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA
A fin de este mes se conocerá el informe sobre el que viene trabajando hace cinco meses la comisión legislativa de "acompañamiento para el esclarecimiento del asesinato de Candela Sol Rodríguez", donde se presentarán detalladamente las irregularidades que rodearon el caso.
Se anticipa que el informe desatará una fuerte polémica sobre la gestión de seguridad del gobierno de Daniel Scioli, ya que según trascendió, cuestionará la "matriz de autogobierno policial" que, para los investigadores, provocó "graves disfunciones" que terminaron por facilitar el crimen y obstaculizar su esclarecimiento.
Algunos legisladores tienen claro que los testigos de identidad reservada fueron armados y que hubo graves anomalías en el labor de la Policía Científica. El hallazgo del cuerpo de Candela violó todos los códigos: se hizo ante las cámaras, con la madre y el gobernador presentes y en una abierta vulneración de cómo hay que preservar la escena de un delito.
Las disputas en el seno de la comisión, creada a instancias del vicegobernador Gabriel Mariotto, son tales que se espera que haya hasta tres dictámenes diferentes. El senador sciolista Alberto De Fazio y su par del PRO Anibal Asseff, ya adelantaron que realizarán informes por separado. Ambos legisladores coinciden en defender la actuación policial y cargar sobre la conducción de la instrucción judicial, en tanto el resto (representantes del FPV, la Coalición Cívica y el GEN) considera que las críticas deben extenderse tanto al Poder Judicial como al gobierno de Scioli, e incluso a la labor de los medios de comunicación en la cobertura del caso.
El dictamen de los aliados a Mariotto y a la oposición incluirá, entre otras cosas, la recomendación de avanzar en pedidos de juicio político para el fiscal Marcelo Tavolaro, el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, solicitud que también podría alcanzar al juez de Garantías Alfredo Meade. También sugerirá sumarios e, incluso, sanciones para uniformados, entre los que no estarían ajenos el jefe de la policía provincial, Hugo Matzkin; su antecesor -ya retirado- Juan Carlos Paggi; el ex superintendente de investigaciones Roberto Castronuovo, y, entre otros, el titular de la DDI La Matanza, Marcelo Javier Chebriau. Este dictamen no será vinculante, pero tendrá un fuerte peso político.
El cuadro de situación que los técnicos de la comisión han conformado es que se habría tratado de un narcosecuestro y que la ruptura de los protocolos de actuación investigativa tanto durante el desarrollo del rapto como luego de la aparición del cuerpo, inscriben el crimen en un contexto de disputas e internas policiales y determinan un fraudulento armado de pruebas. Asimismo, los pesquisas de la comisión habrían observado, según se indicó, "una estrategia mediática que deliberadamente enturbia el desarrollo de la investigación del caso".
FUENTES: Página 12 y La Nación
