
Luego de la muerte del Diego, la justicia penal bonaerense inició una causa que está elevada a juicio, a la espera de una decisión que lo confirme.
La causa judicial que investiga a los responsables por los descuidos de la salud
del diez, que culminaron con su fallecimiento en 2020, se encuentra en pausa y a la espera de que se confirme el juicio.
La causa se inició el 25 de noviembre de 2020, tras la muerte de Maradona que fue causada por una insuficiencia cardíaca aguda que le generó un edema de pulmón cuando descansaba en el partido bonaerense de Tigre. La parálisis del juicio lleva casi medio año, e inició luego de que el juez de Garantías N°2 de San Isidro diera lugar al requerimiento del fiscal, elevando la causa a juicio con las ocho acusaciones por homicidio con dolo eventual.
Bajo esa figura del Código Penal están acusados el médico de cabecera del Diego, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos «Charly» Díaz y la médica coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini. A esta lista se unen el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni, los enfermeros Ricardo Almirón y Daiana Madrid y el médico clínico de Maradona, Pedro Di Spagno.
La defensa de los acusados recientemente presentó numerosos planteos con la idea de evitar que la Cámara de Apelaciones de San Isidro confirme el juicio mientras que el abogado que representa el hijo que el Diego tuvo con Verónica Ojeda busca poner una fecha para que inicie el proceso.
Esta decisión está en manos de los jueces de la Sala III Gustavo Adrián Herbel y Carlos Fabián Blanco, se podrá sumar otro magistrado para desempatar en caso de que haya un desacuerdo entre los responsables.
Quienes son los acusados
El que tiene la responsabilidad principal es Luque, que firmó la externación del Diez de una clínica para llevarlo a la internación domiciliaria. Lo acusan de haber violado las reglas del buen arte de curar porque tenía «pleno conocimiento de la sintomatología presentada por el paciente en el último tiempo» y pese a eso «evitó asistir y/o al menos propiciarla debida atención médica», según consta en el expediente y consigna Télam.
En la instrucción también se informó que «ignoró y menospreció los síntomas y signos compatibles con al insuficiencia cardíaca que le eran informados (…) y que tuvo la oportunidad de evaluar». Además, aseguran que no armó una historia clínica de la víctima ni dejó escritos los datos relevantes sobre la enfermedad.
En el expediente hay una gran cantidad de pruebas, entre ellas un audio que se filtró el año pasado, donde se lo escucha a Luque decir: «Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio, se va a cagar muriendo el gordo».
Además del homicidio, la Justicia imputó a Luque por «uso de documento privado adulterado» ya que le pidió a la clínica la historia médica de Maradona, falsificando la firma de su paciente.
Por otro lado, Cosachov, la psiquiatra, era la encargada de recetar la medicación psiquiátrica y acompañó el planteo de la externación. En la causa se la acuso de no haber adoptado los recaudos necesarios a pesar de tener «pleno conocimiento de la patología cardíaca» y de haberse desentendido de los efectos adversos, controles y estudios apropiados al paciente.
También señala la causa que permaneció «indiferente frente a las graves falencias apuntadas que no tendió a revertir» y «asumió desaprensivamente los riesgos que corría la salud de Maradona, y las consecuencias que ello podía generar». La imputan, además, por falsedad ideológica ya que se asegura que armó un certificado de aptitud mental del barrilete cósmico, sin siquiera haber ido a visitarlo.
La justicia considera también que el psicólogo «Charly» Díaz tomó decisiones ajenas a su incumbencia profesional y que su vinculo con el paciente trascendió lo médico ya que llegó a involucrarse en las relaciones del Diego con sus familiares. Justamente, está acusado de haber manipulado a la familia al haberles dicho que lo que ocurría con la salud de Maradona era a causa de la libre y espontánea decisión del paciente.
El expediente también sostiene que no hizo visitas ni seguimiento en tiempo y forma, tuvo «una palmaria indiferencia de su conducta frente a la situación e emergencia y la posibilidad del resultado muerte».
Forlini, la médica coordinadora de la prepaga, incumplió con los mínimos deberes que tenía a cargo, cómo por ejemplo, según consta en la causa, ocuparse de que en la internación domiciliaria esté el personal especializado necesario. Tampoco analizó si las condiciones mínimas de la vivienda estaban dadas para llevar a cabo el proceso y no tomó ninguna decisión a pesar del «deficitario servicio de enfermería».
El coordinador de enfermeros Perroni fue parte fue parte del grupo de personas que que omitió detallar la información real sobre la salud de Diego. «Demostró un comportamiento desinteresado e indiferente frente a la situación de emergencia«.
Los enfermeros, Almirón y Madrid, están acusados de no haber asistido a Maradona durante los dos días previos a la muerte a pesar de su delicado estado de salud. Para la Justicia fueron una parte clave del esquema delictivo que integraron los otros acusados.
Di Spagna, por último, «omitió cumplir con los deberes a su cargo ya que se abstuvo de controlar regularmente el estado de salud del paciente». También avaló una supuesta negativa de Maradona a atenderse, lo que complicó aún más el cuadro.
Todos están libres y continúan con sus respectivos trabajos.