¿Casualidad? En las últimas semanas, Daniel Scioli insistió al Gobierno en el cobro de la pensión no contributiva que le corresponde por su paso por la vicepresidencia, en medio de la dura denuncia de Elisa Carrió contra el ex gobernador y sus supuestos testaferros por posibles "lavado de activos" y "delitos contra la administración pública", radicada en La Plata y a la espera de ser ratificada por la aliada presidencial.

El Poder Ejecutivo ultima los trámites para que el ex motonauta empiece a cobrar cuanto antes los $130.000 mil mensuales correspondientes por su rol como vicepresidente entre el 2003 y el 2007 de acuerdo con la legislación vigente. El expediente ya fue aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de la Comisión de Pensiones Asistenciales, y espera por la firma de Carolina Stanley. Los papeles están listos: solo resta que el equipo jurídico de dicho ministerio defina si Scioli cobrará un retroactivo por dos o cinco años: la duda radica en las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial respecto del anterior.

El dilema, según fuentes al tanto del expediente, surge del momento en que el ex gobernador bonaerense inició los trámites para la pensión, similar a la que cobran ex presidentes, como Cristina Kirchner, o personas con incapacidades laborales. Julián Colombo, secretario privado de Scioli y encargado de aportar la documentación al Gobierno, fue insistente en las últimas semanas: les aseguró a los funcionarios de Desarrollo Social que habían iniciado el trámite hace varios años. Pero desde el Ejecutivo le avisaron que no había ningún expediente abierto en ese sentido.

Tanto desde el Gobierno como en el entorno de Scioli sospechan, según reconstruyó este medio, que la anterior administración se deshizo de todos los documentos vinculados al trámite en cuestión. Al menos en la caja de seguridad donde se resguardan los papeles de ese tipo de pensiones especiales no había ninguna documentación relacionada con el ex candidato presidencial.

En estos últimos días el patrimonio de Scioli quedó bajo la lupa por la denuncia presentada por Carrió en la Justicia platense. La presentación apunta no solo al ex gobernador sino a dos ex funcionarios de su máxima confianza: su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y Guillermo Scarcella, ex titular de la empresa bonaerense Aguas Bonaerenses (ABSA).

"El señor Guillermo René Scarcella podría ser un prestanombres de Daniel Scioli y/o una persona vinculada a los fraudes a la administración de la provincia en tanto su rol como presidente de ABSA", escribió la diputada en la denuncia. Según Carrió, "el ascenso de influencias de Scarcella se remontaría a haber sido compañero de la Universidad de La Plata del actual enriquecido camarista federal Eduardo Freiler, y a haber sido profesor de tenis del ex juez federal Carlos Branca".

"Se le adjudica, según la información que llegara a mi poder -agrega la diputada-, ser socio en una empresa de valijas en Ezeiza o Aeroparque con otro magistrado que obviamente no figuraría en esos negocios: el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, de quien se dijo el último año ofició, casualmente, en los tribunales federales de Comodoro Py como el operador judicial de Daniel Scioli en ese fuero frente a su eventual y finalmente frustrado intento de ser Presidente de la Nación. Entiendo relevante para la pesquisa que emprenda el Ministerio Público un análisis de las relaciones patrimoniales entre Scarcella y Scioli, dado que entre otros delitos podría estarse en presencia del de lavado de activos", sigue la aliada de Mauricio Macri.

Y concluye sobre el ex titular de ABSA, clave en el riñón del ex motonauta: "Es un aficionado de los automóviles y las motos de lujo, específicamente sería titular de una I coupé 324 importado dominio SLC238, un BMW525 dominio BXH624, una SsangYong Musso dominio DKY312, un convertible Porsche Boxter dominio BBF098, y de dos motocicletas, una CC Catch 6 1200 R dominio 431CGB y una BMW R dominio 175CEA".

Carrió pidió además investigar a Alberto Pérez. Un dato: el custodio del ex jefe de Gabinete bonaerense, perteneciente a la Policía Federal, fue intimado en el último mes para que devuelva el auto oficial, un gesto que Pérez aún dilataba desde que dejó la función pública, el 10 de diciembre del año pasado.