El proyecto presentado por la concejal Carranza busca proteger los derechos de los usuarios y consumidores contra las prácticas abusivas de algunos comercios e instituciones. La normativa, de ser aprobada, considerará como contrarias al “trato digno” conductas como, la espera en el exterior, a la intemperie soportando las inclemencias climáticas, un tiempo espera superior a los 60 minutos para ser atendido o la falta de sanitarios de acceso libre y gratuito a disposición de los concurrentes.

La regulación establece otras obligaciones con respecto a los lugares de atención al público, como otorgar prioridad y preferente atención a las mujeres embarazadas, personas mayores de 70 años o discapacitados que realicen tramites en forma personal. La normativa instituye también que toda persona que ingrese al lugar dentro del horario previsto para la atención al público deberá ser atendido y se le deberá otorgar un turno informando la cantidad de personas en espera y el tiempo estimado de demora.

Las instituciones y comercios tendrán un plazo de 6 meses a partir de la promulgación de la ordenanza para adaptar sus instalaciones. Si luego del plazo acordado el usuario detecta una práctica abusiva, este podrá denunciar la infracción en el libro de quejas de la entidad sin perjuicio de utilizar los demás canales habilitados para denuncias.