La titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, decidió ayer sobreseer a la propietaria del multimedia Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en la causa impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo en la que se investigó la presunta adopción irregular de sus hijos, Marcela y Felipe Noble Herrera.

En su resolución, la magistrada resolvió “no hacer lugar al llamado a declaración indagatoria” de la empresaria “en atención al resultado negativo que arrojó el peritaje de poliformismo de ADN a los fines de establecer vínculo biológico” con las muestras de los familiares de los desaparecidos durante la última dictadura militar que yacen en el Archivo Nacional de Datos Genéticos, por lo que decidió sobreseerla en la causa caratulada “Barnes de Carlotto, Estela en representación de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo- s/ su denuncia”.

El pasado 6 de octubre el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez pidió que “se convoque” a la propietaria del multimedia “a un nuevo llamado a indagatoria” en función de los delitos por la adopción irregular de Marcela y Felipe.
Sin embargo, la jueza entendió que “el pedido” de Domínguez pareciera responder “a una ciega intención de persecución del Ministerio Público Fiscal” con “el afán de dar continuidad y/o justificar los agravios” que calificaron a Herrera de Noble exponencial y públicamente de “apropiadora” más que “a su deber de cumplir con el mandato constitucional”.

También consideró que el fiscal estaría desatendiendo “los derechos de las presuntas víctimas de los hechos investigados”, los que “dada la indudable relación de afecto y de sentimiento filial que seguramente sienten por quien los ha criado con plena contención y cuidados desde sus primero días de vida” vivenciarían una nueva indagatoria “de un modo francamente negativo”.

Finalmente, la jueza resolvió sobreseer a Ernestina Herrera de Noble en función de “los delitos de alteración, sustitución y supresión de la identidad, como así también, de sustracción, ocultamiento y retención”, y a los otros imputados en la causa pero por diferentes delitos, entre ellos a Ignacio Katz, Norma Cadoppi y Aldo Rico.

“Parece una resolución redactada en el estudio de los abogados del Grupo Clarín”, dijo al ser consultado por este diario el abogado Pablo Llonto, coquerellante en la causa en representación de las familias de los desaparecidos Bárbara Miranda y Roberto Lanouscou, cuyo cotejo de ADN en su momento diera un resultado negativo, quien agregó que “Arroyo Salgado ha tenido una permanente negativa a investigar el origen de Marcela y Felipe”.

Llonto sostuvo que fue la propia Herrera de Noble quien “en una carta publicada en su diario el domingo 13 de enero de 2003 admitió que ambos jovenes podrían ser hijos de desaparecidos” y dijo que “nunca relató ante la Justicia cómo consiguió a sus hijos adpotivos”, por lo que “esta causa deberá terminar cuando un juez tome seriamente el caso y decida investigar quiénes son los padres biológicos de Marcela y Felipe”.