El carácter y el fin último de la democracia como sistema de organización de la sociedad vuelven a instalarse en el debate público a partir de las acciones del nuevo gobierno. La experiencia histórica ha demostrado que en ningún país capitalista civilizado existe una democracia en abstracto, ya que siempre está condicionada y amalgamada con el poder económico y cultural dominante. Así es que se genera una lucha entre los poderes fácticos y las mayorías populares y las fuerzas políticas y culturales que los representan, a partir del derecho inalienable del pueblo a defender sus conquistas.

Mauricio Macri avanza precipitadamente aplicando su programa de gobierno. Algunas de sus medidas ratifican ciertos anuncios preelectorales y otras, por el contrario, resultan flagrantes contradicciones con lo prometido en campaña.

En el plano económico, la quita de retenciones a los grandes propietarios y exportadores agrarios, la devaluación, la anunciada eliminación de subsidios a los servicios públicos y de transportes, la apertura al ingreso de productos extranjeros, las acciones orientadas a un abrupto endeudamiento y el fuerte incremento de las tasas de interés expresan la materialización de una transformación regresiva del modelo de acumulación y distribución de la riqueza implementado por el kirchnerismo.

En el campo institucional, el nuevo presidente se aleja cada vez más del mentado republicanismo declamado en la campaña y del respeto por las instituciones: el intento de remover autoridades con mandatos constitucionales y legitimados por el Parlamento, el nombramiento de jueces de la Corte violentando las leyes, y una andanada de decretos como modo de ejercicio del poder han afirmado una tendencia continuadora de la conducta política de Macri en sus ocho años como jefe de Gobierno. El literal asalto a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, violando la ley vigente, constituye una agresión al orden constitucional y violenta los declamados principios de respeto a la división de poderes. El afán de subordinarse al poder de Clarín, potenciando, aún más, el negocio de las transnacionales de la comunicación y cerrándole el paso a otras voces, va deslizando al gobierno hacia la impunidad, sin trepidar ni importarle la ley y todo valor democrático. La política de “seguridad” en materia de protesta social augura la creación de dispositivos represivos que contrastan flagrantemente con la política pública que rigió (no sin obstáculos ni tensiones) en los últimos 12 años.

En la esfera de las relaciones internacionales también se registra un cambio de rumbo sustantivo, al promover la incorporación de Argentina a la Alianza del Pacífico, e impugnar al gobierno legítimo de Venezuela allanándose a la estrategia del hegemón norteamericano.

Las palabras y los hechos entran, así, en contradicción. Aquellas medidas que impulsaban una redistribución regresiva del ingreso se cumplieron sin demora ante el aplauso exaltado de las minorías triunfantes.

Muy distinto es lo ocurrido en otros planos. El ejemplo más crudo es el de la temeraria promesa de “pobreza cero”. Este eslogan fue sepultado de inmediato con medidas que proyectan el deterioro del salario real, el incremento sustancial del desempleo y la desfinanciación del Estado, combo que sólo puede tener como efecto la multiplicación de la indigencia y la pobreza. Se sabe: la ampliación de los niveles de desocupación y desigualdad constituyen clásicos mecanismos disciplinadores de las posibilidades de los trabajadores de defender sus derechos.

El diálogo que fue presentado a la sociedad como un estandarte del cambio tampoco está siendo un rasgo constitutivo del Poder Ejecutivo. En la realidad, actúan con las conductas opuestas a aquel discurso, fundamentalmente con el uso abusivo de decretos presidenciales e ignorando al Parlamento.

El accionar político del gobierno macrista obliga a repasar la concepción ideológica de la democracia, ya que como forma de organización del poder no reconoce una única definición.

La visión liberal de la democracia surgida como expresión de la modernidad capitalista, opuesta a las monarquías absolutas feudales, está asociada al cumplimiento de cánones institucionales: división de poderes, límites temporales en el ejercicio de los cargos, participación ciudadana en la elección de sus representantes. O sea, todo el andamiaje clásico del espíritu de las leyes de Montesquieu, Rousseau, Diderot y otros fundadores de la doctrina moderna. Todo indica que el macrismo, incluyendo a cortesanos y jueces, se desliza a una zona política e institucional predemocrática.

Cierto es que en los últimos años asistimos en América a novedosas experiencias que apuntan a la construcción de procesos de participación popular en un proyecto colectivo de presente y futuro. Una visión del siglo XXI habla de democracias protagónicas con empoderamiento real de un sujeto colectivo, diverso y plural: el Pueblo, que reforma radicalmente las instituciones y las relaciones entre Estado y ciudadanos con nuevos derechos sociales.

Estas experiencias que se abren paso negando la anterior fase de democracias formales, que en lo económico y cultural actúan contra las mayorías, fueron generando inéditas ampliaciones, elevando la participación del pueblo en la cosa pública. En nuestro país, los niveles de conciencia y organización son relevantes, sustentados en la incorporación de valores generados en los avances sociales y culturales, los logros en derechos humanos, rol del Estado, integración latinoamericana y distribución de riquezas. Todos estos valores ya se han constituido en parte integrante del acerbo cultural de las mayorías.

Por su parte, Macri no parece ofrecer nada nuevo ni distinto al conservadurismo que se despliega en el mundo capitalista: pobreza, represión, desigualdad y exclusión.

Los efectos de las políticas reales sólo pueden concitar el rechazo de las mayorías sociales, como bien advirtió un trabajador de Cresta Roja, víctima de la represión de la Gendarmería: “Lo voté a Macri, mirá cómo me pagó”.

La derecha ha ganado una elección democráticamente, pero eso no quiere decir que sea democrática. Nuestra historia así lo demuestra y Macri sigue los pasos de ese rasgo constitutivo del poder tradicional.