El periodista Víctor Hugo Morales denunció que fue agredido por desconocidos cuando realizaba una cobertura periodística sobre el muro ilegal que levantó el Grupo Clarín para cerrar una calle del barrio porteño de Barracas.

Según relató el conductor de "Bajada de Línea", un auto se le vino encima mientras filmaba junto al equipo de producción de su programa y le lastimó una pierna. "Me tiraron el auto encima. No querían atropellarme, tampoco lo evitaron. Fue una parte de la intimidación que querían llevar acabo. Estaba muerto de miedo por mí y mis compañeros", dijo en diálogo por radio Del Plata.

Morales resultó herido levemente por el embiste y reveló que si bien no pudo identificar a los autores del ataque, tiene en su poder la patente del vehículo, además del registro en video del incidente. "Conté por radio que íbamos a ir y nos esperaron gente pesada que nos dijo cosas muy hirientes. La instrucción era no hacernos daño físico", afirmó por otra emisora porteña. En las imágenes que registró se alcanza a escuchar a uno de los ocupantes que le grita: "Acá política no".

El relator agradeció la cantidad de mensajes de solidaridad y confirmó que en las próximas horas presentará una denuncia penal. "Estoy bien pero mal por dentro", sostuvo.

La semana pasada la jueza subrogante en lo contencioso administrativo Lidia Lago le ordenó al Gobierno porteño de Mauricio Macri que demuela la pared de cuatro metros de altura y unos 50 de ancho construido ilegalmente en Ascasubi entre Luna y Magaldi. Esa calle linda con la planta impresora del diario Clarín y está ubicada en el límite con la Villa 21-24. Para pasar por allí, los vecinos del asentamiento deben cruzar una barrera para transitar y son permanentemente vigilados por personal de seguridad privada, recluidos en una garita. La arteria cerrada opera como un playón de estacionamiento para los proveedores y empleados del periódico.

La apropiación de la calle pública fue denunciada por los vecinos de Barracas, que debían rodear casi 400 metros a la planta para llegar a sus casas. El reclamo fue escuchado por Aníbal Ibarra, María Elena Naddeo y Juan Cabandié, quienes interpusieron un amparo judicial para demolerlo. Sin embargo, el gobierno de Macri nunca se hizo eco del pedido y argumentó que era un problema entre privados y que debía resolverse en ese ámbito. Ahora, la jueza le recordó a la administración porteña que "existe en cabeza del Estado la obligación de mantener las calles en condiciones de ser utilizadas regularmente" y dispuso la demolición. Pero Clarín se resiste a cumplir con la sentencia judicial.

"El poder ejecutivo planteó que no tenía nada que ver, se desresponsabilizó y dijo que era un problema de privados, de terceros, como si las calles no fuera un tema de control gubernamental", señaló la exdiputada Naddeo. "El gobierno porteño trató de decir que el muro no existe, que lo construyeron los vecinos de la villa, y la jueza pidió una inspección ocular", agregó. "La demolición fue ordenada hace 15 días para el área correspondiente, en un plazo de 10 días hábiles, pero el gobierno de la ciudad es capaz de apelar", remarcó.