El juez federal Julián Ercolini desestimó el pedido de declaración indagatoria de los accionistas de Clarín y La Nación que había realizado el fiscal Leonel Gómez Barbella por la causa Papel Prensa. Gómez Barbella había pedido que sean citados Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá, Laura Ernestina Herrera y Guillermo Juan Gainza Paz.

Gómez Barbella integra la agrupación kirchnerista "Justicia Legítima" y quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal en diciembre pasado, nombrado por la procuradora Gils Carbó. Su llegada al fuero federal ocurrió pese a que cuando concursó los resultados de los exámenes oral y escrito y el análisis de sus antecedentes lo dejaron en el undécimo puesto.

Al hacerse cargo de la citada fiscalía, Gómez Barbella pasó a tener en sus manos causas sensibles, como Papel Prensa. Este miércoles tomó las primeras decisiones en esa investigación y decidió pedir la declaración indagatoria de los accionistas de Clarín y La Nación.

Según el fiscal, su pedido estaba basado en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. La imputación era por "haber obligado mediante intimidación al grupo Graiver y sus allegados a suscribir tres convenios cuyos objetos fueron la transferencia del capital social de la empresa Papel Prensa S.A. a favor de la Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Argentino (AGEA) y La Razón Editorial Emisora Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria".

"Les imputo a los nombrados que la suscripción se concretó el día 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación, ubicada en la calle Florida entre Av. Corrientes y Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todo ello en un marco de persecución política contra las víctimas y sus negocios, ordenada por la primera junta durante la última dictadura militar", agregó.

Ante esto los abogados de los accionistas de los medios involucrados difundieron un comunicado rechazando la solicitud de Gómez Barbella y acusando al Gobierno de "preparar el terreno" para el pedido de indagatoria a través del "aparato de comunicación oficial".

"No existe ninguna evidencia para que la venta de las acciones de Papel Prensa pueda ser considerada un delito, y menos aún, un delito de lesa humanidad", ya que, sostuvieron, "se trató de una operación comercial, lisa y llana, ajena al conocimiento de los tribunales penales".