Las lecturas sobre cómo se produjo la muerte, a quién favorece y a quién no, cuál es el grado real de consistencia que tienen las pruebas del fiscal y cómo se lleva adelante la investigación sobre la muerte entran ya en el terreno de la opinión. Cada uno puede tener sus hipótesis (yo tengo las mías) en torno a si se trató de un suicidio, un suicidio inducido o un homicidio.

Todas serán válidas y cada uno seguirá con su impresión, a menos que tengamos una investigación profesional y transparente como casi nunca ha sucedido en la historia argentina.

No es mi intención sumar conjeturas, teorizar o hacer análisis en el aire porque no conozco la causa y la sigo por la información que dan los medios de comunicación. Pero sí creo que este hecho abre una cuestión central para nuestra democracia: necesitamos saber, con claridad, qué hacen los servicios de inteligencia y cuál es el rol que en eso tienen hoy el Ejército y las Fuerzas Armadas. En definitiva, necesitamos saber quiénes espían, para qué, para quiénes y qué hacen con esa información.

No sólo necesitamos saber, necesitamos reformar por completo toda la estructura de los servicios de inteligencia, las escuchas y el espionaje en nuestro país si queremos que nuestra democracia, que ya tiene más de 30 años, garantice realmente el respeto a los derechos y la libertad de las personas.

No es una cuestión instrumental, no es una discusión sobre cómo se asignan los recursos o cómo se organiza una política pública; es una cuestión de fondo que lleva a determinar cuáles son los límites que no se pueden pasar en nuestro país.

No deberían ser los Stiusso, los Pocino, los Milani o los que eventualmente estén en el comando de la ex SIDE los que definan esos límites, los que definan qué características y qué condiciones tiene la vida democrática en nuestro país.

La institucionalidad argentina y la calidad democrática son responsabilidad de los partidos políticos, la Justicia, los actores sociales y los acuerdos que entre todos podamos construir.

Si no lo hacemos rápido, se va a reforzar la creencia generalizada de que aquí le va mejor al que va por la banquina, que nunca quedan claras las cosas, que los que tienen poder siempre "zafan" y que hay una institucionalidad y reglas paralelas que dejan afuera al que trabaja y se esfuerza día tras día.

Ya logramos, en los años 80, un primer acuerdo básico: sólo se accede al gobierno a través de los votos, no hay ninguna chance de hacerlo de otro modo. Con muchas idas y venidas, logramos sostener esa regla de oro y, salvo rarísimas excepciones, todos entienden que ahí hay un límite.

Nos toca ahora, en el inicio del siglo XXI, definir un segundo acuerdo: la red de inteligencia y todo lo que gira a su alrededor sólo debe ser usada para hacer seguimiento y evitar conflictos externos; no es un mecanismo para que quienes detenten el poder accedan a información privada y privilegiada sobre los 40 millones de argentinos. Dicho en términos más vulgares: nadie debería tentarse con jugar a controlar la vida de los otros.