Andrés Rolón, concejal oficialista de San Isidro. visitó los estudios de LaNoticiaWeb TV y se pronunció acerca de la polémica en torno al Jockey Club. “Desde el Concejo Deliberante, y no en una sesión extraordinaria sino allá por el mes de noviembre, se establecieron los parámetros urbanísticos para 4,3 hectáreas de un total de 300 hectáreas que ocupa el Jockey club de San Isidro”, recalcó.

O sea que era una parte muy chiquita…

Una parte chiquita, en la esquina de Márquez y Centenario. Ahí se podía establecer un FOT de hasta el 3,5 por ciento y se estableció de 1 por ciento. A partir de ahí, una concejal electa plantea una acción de amparo en la Justicia solicitando la nulidad de la norma. Eso es rechazado en primera instancia y en Cámara con el fundamento claro que es el que consideramos nosotros: no hay posibilidad de hacer un impacto ambiental hasta tanto no exista un proyecto. En los últimos días el juez de primera instancia contencioso administrativo de San Isidro considera que están dadas las condiciones del peligro de demora y verosimilitud del derecho y suspende la ordenanza. Esa medida ha sido apelada no solo por el municipio sino también por el Jockey Club porque no hay modificaciones de fondo. Acá hay una situación clara que se les transmite a los vecinos de hablar de las torres del Jockey Club.

¿Eso nunca estuvo previsto?

Nunca estuvo previsto. Ahí no hay torre. Podría haber estado previsto en el ordenamiento viejo, el Codigo de Ordenamiento Urbano se lo hubiera permitido. Lo que nosotros hicimos no fue solo establecer lo del FOT, que es hasta dos pisos, sino también que los emprendimientos que se lleven a cabo en razón de las dimensiones que tienen que tener están afectados por la ley de suelos y la ley de hábitat que hace un tiempo sancionó el gobierno de Daniel Scioli.

¿Se le va a encontrar solución a la gente del barrio Usapallata vía indemnización o vía otra vivienda? ¿Cuál es la idea?

Lo fundamental es hacer un poco de relación de los hechos para que también les quede claro a los vecinos. Estamos hablando de propiedad privada, no ocupadas en la década del ’70 sino según surge de una resolución de la Corte de la Provincia de Buenos Aires que declara la inconstitucionalidad de la norma. Vamos por partes. Tierra privada: ocupan parte de la tierra y el propietario denuncia en el municipio esa situación. El municipio se da cuenta que lo que se está ocupando es un espacio de la calle Uspallata, razón por la cual inicia el juicio de desalojo. El vecino titular de dominio de ese inmueble inicia primero una medida precautoria para saber quiénes eran las personas que estaban ocupando ese espacio y después inicia una acción de reivindicación. En el medio, en ese momento una legisladora provincial del peronismo presenta un proyecto de ley de expropiación en la Provincia de Buenos Aires. Se sanciona esa norma, los propietarios del inmueble piden que se declare la inconstitucionalidad de la norma y así es declarada. Pero lo fundamental en eso son algunos aspectos a tener en cuenta: primero, que desde esa resolución judicial surge claramente que una vez presentada la ley de expropiación aparecieron más familias en el predio. La segunda situación: cuando la Provincia contesta la demanda no ofrece ningún tipo de prueba al respecto. Y un tema que es clave, más allá de haber sido declarada la inconstitucionalidad de la norma: la Corte establece que si se vieran vulnerados los principios o derechos de quienes habitan eso, la Provincia de Buenos Aires tiene que llevar a cabo las acciones necesarias para reivindicar esta situación. La Provincia no ha hecho nada durante todo este tiempo y el municipio quiere replicar lo que se ha utilizado en la llamada Horquilla y dentro del plan también abanico, que forma parte del plan federal de viviendas. No es discriminatorio de ninguna manera. Lo que se hace a los vecinos no es indemnizarlos sino comprarse una casa con un importe que esté al alcance del bolsillo del municipio.

Decía el intendente de San Isidro, Gustavo Posse: “Mientras los asentamientos, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos una política activa para evitar que esto vaya incrementándose en San Isidro”.

Existe todo un programa de urbanización de villas y un programa que impide el desarrollo en altura de estos lugares. Aquellos que están en la oposición cuando les conviene critican la villa 31 y cuando les conviene denuncian al municipio porque se llevan a cabo acciones tendientes a no incrementar la construcción. Se impide el ingreso de materiales. Si se lleva a cabo ese ingreso y el municipio lo detecta, los incauta y frente a la presentación de la factura de la compra de esos materiales por el vecino se le reintegra el dinero.

Lo informamos acá la semana pasada: Posse candidato a gobernador y ustedes ya están trabajando en la candidatura de Carlos Castellano…

Exactamente, ha sido la decisión del equipo de trabajo. El intendente claramente va a llevar a cabo una campaña para ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Carlos Castellano será el candidato a intendente de San Isidro. Mérito suficiente.