Ediles del kirchnerismo y FA-UNEN criticaron la restricción al tránsito pesado y la instalación de reductores de velocidad en la zona, cercana a Tecnópolis. Hablaron de “privilegios” y aseguraron que detrás se encubre la creación de “un barrio semi-privado”. “Se fueron por las ramas”, replicó el macrista Enrich. Caputo, titular de la comisión de Transporte, aseguró: “No veo la relación”.
Marcada por los cruces entre oficialismo y oposición, la última sesión en el Concejo Deliberante de Vicente López se prolongó más de cuatro horas y tuvo como principal eje de debate la instalación de unos reductores de velocidad y las restricciones al tránsito pesado en el denominado “Barrio de los Intendentes”. Según adujo la oposición, estas iniciativas significarían un cierre encubierto de la zona, por lo que no dudaron en señalar que se estaba votando la creación de un “barrio semi-cerrado” en el distrito.
Una de las voces más encendidas contra las iniciativas -que no figuraron en el temario- fue la del concejal Javier Carrillo, quien recordó que en el distrito “los barrios cerrados están prohibidos” y pidió en ese sentido que el proyecto sea devuelto a comisión.
“No veo la relación entre este expediente y la creación de un barrio cerrado”, aclaró la edil socialista Paola Caputo, titular de la comisión de Transporte. Sus palabras fueron adheridas en el recinto por el titular de la bancada Pro, Jorge Rendón Russo, quien agregó que “no se está cerrando el barrio” sino “llevando un poco de tranquilidad” a los vecinos.
El socialista Carlos Roberto se centró en la planteada colocación de “mobiliario urbano en el ingreso del barrio”. La disposición, debida a “supuestos problemas de Transito y Seguridad”, encubre –según el comunicado difundido luego por el edil- “el propósito de impedir el acceso a ese barrio”. “Colocando Mobiliario Urbano ‘New Jersey’ de cemento se constituye un privilegio en relación a otros barrios”, criticó Roberto, quien además subrayó que así se “demuestra la falta de control de los Inspectores de Transito”.
Cuando el debate comenzó a ingresar en el terreno de la inseguridad -lo que incluso motivó la intervención del oficialista Marcelo Chocarro, quien aportó su visión y hasta explicó políticas municipales en ese sentido-, tanto el Frente para la Victoria como el Frente Amplio UNEN, rápidos de reflejos, cuestionaron entonces que los expedientes pertenecieran al área de Seguridad Vial “y no a la de Seguridad Pública”.
En el medio, algunos ediles opositores fueron aun más allá y asociaron las presuntas quejas de vecinos cercanos al predio de Tecnópolis con el asunto en votación. Según supuso con ironía Carrillo, a partir de la muestra organizada por el Gobierno nacional, el Barrio de los Intendentes “se empezó a llenar de ‘gente indeseable’”.
“Si hablamos de reductor de velocidad, el nombre solo nos lleva a la respuesta”, explicó más tarde a LaNoticiaWeb el concejal macrista Diego Enrich, quien –molesto con algunos de sus pares- afirmó: “Se fueron por las ramas”. Y, sobre la intervención de Chocarro, titular de la comisión de Seguridad, señalo: “Desde la oposición se plantearon temas que lo llevaron a contestar cosas que no eran de este debate”.
Antes de estas iniciativas, ambas aprobadas por 15 votos a 9 al cierre de la jornada, en el recinto se le dio luz verde, entre otros proyectos, a una declaración de repudio contra el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, avalado por la Corte Suprema estadounidense, para el pago argentino a fondos especulativos. Esta iniciativa contó solamente con el voto negativo del socialista Carlos Roberto, quien, a propósito del litigio con los fondos buitres, aclaró que comparte la voluntad del Gobierno nacional, pero sostuvo que está en “el camino equivocado”.
También fueron repudiadas, esta vez con el aval de todos los ediles, las amenazas sufridas por Lautaro Aragón, concejal socialista de Hurlingham, cuya vivienda fue baleada.
Alejandro “Totito” González tomó la palabra poco antes del final y respaldó al suspendido fiscal José María Campagnoli, tras el juicio político en su contra. Otro que fue respaldado, en este caso por el concejal del Frente Comunal Guillermo Ruiz, fue el renunciante secretario de Hacienda del municipio, Guillermo Romero.
Carlos Sandá, titular del cuerpo, adhirió a los elogios hacia el ex funcionario, procesado en la Causa Siemens, y definió su dimisión como algo que “deberían hacer todos los gobernante”, en una situación de esas características. Carrillo, atento a la reflexión de Sandá, le recordó la situación del también procesado jefe de gobierno porteño y máximo referente del Pro, Mauricio Macri.
