El concejal vecinalista de ConVocación por San Isidro, Marcos Hilding Ohlsson, elaboró un extenso informe para la Fundación Libertad y Progreso donde se analiza la política social del gobierno nacional y la inversión en programas de asistencia en los últimos años.

Este informe muestra lo que pasa con nuestros impuestos, si el gasto social está bien ejecutado, si la gente con planes trabaja o no. Vos decís que en 2014 el gobierno va a repartir 18 millones de planes sociales por 120 mil millones de pesos.

Hace un par de años empecé a mirar cuáles eran los planes sociales y cómo estaban distribuidos, y me dí cuenta que había muy poca información, pocos indicadores y sin control. Entonces empezamos a revisar los Presupuestos, presentar pedidos de informes en las secretarías donde se reparten los programas, analizar los discursos, cruzar información, entrevistar beneficiarios, con la premisa de si se gasta bien y de qué manera. Este trabajo cumple dos roles: hacer un mapeo general de todos los programas, que a nivel nacional son 60 y a nivel provincial son 52, lo que significa que en la Provincia de Buenos Aires ya son 112 programas distintos. Algunos son mejores y más transparentes que otros, algunos son más clientelistas, pero la primera mirada es que hay una gran maraña de programas. Y cuando hablamos con la gente, los beneficiarios no saben que derechos y posibilidades tienen. Entonces, el que tiene algún contacto o cercanía con un puntero tiene más chances de acceder; y mucha gente que realmente lo necesita queda sin ayuda. Eso cuestionamos en este estudio, si la forma de implementarse saca lo mejor de las personas, si ayuda a que se desarrollen y consigan trabajo, o si generan dependencia.

¿Cómo analizaste el gasto y las partidas del Presupuesto para el área social?

Vemos que se gasta mal. Esto representa un 14 % del Presupuesto nacional. Se gasta mal porque hay que mirar cuál es el objetivo, cómo perdura en el tiempo y qué efectos tiene. Acá no se hacen esas evaluaciones. Se crearon varios institutos para controlar los planes sociales pero no están los informes. Tenemos la visión que un buen plan sería uno que la persona deje de necesitar después de un tiempo. Claramente hay personas que necesitan ayuda por alguna discapacidad para trabajar o porque tuvieron alguna emergencia. Eso es positivo. Pero no es positivo que después de una década ganada y crecimiento económico haya cada vez más pobres y más gente necesitada de planes. Debería haber programas atemporarios, donde si uno consigue trabajo en blanco no lo pierda de inmediato. Ese es el corazón del problema.

La inflación atraviesa este problema, por más que año a año se incrementen planes para empatarla. Pero sigue habiendo pobres, y generación de pobres, pero como hicieron Evo Morales y Lula habría que atemperar el índice inflacionario para que no siga habiendo gente expulsada por el sistema.

Cuando hablamos de pobreza no podemos sacar la inflación, el contexto macroeconómico, la facilidad para conseguir empleo, los costos laborales. Y obviamente hay que pensar en el “mientras tanto”, donde no es malo asistir y dar oportunidades. El problema es la perdurabilidad en el tiempo. El problema de muchos de estos programas es que se pierde el programa si conseguís empleo en blanco, incluso los programas más positivos. Y en los sectores más vulnerables la gente tiene volatilidad de empleo, consiguen trabajo en áreas donde luego de dos o tres meses pierden el puesto. Y después recuperar el programa es muy difícil. Cuando preguntamos nos dicen que prefieren recibir algo menor pero seguro, antes que algo riesgoso como un empleo que pueden perder, que sea en blanco. Entonces hay un incentivo perverso.

Se dijo que la bancarización de los planes era una manera de evitar el clientelismo. Los punteros tenían manejo discriminatorio. ¿Seguimos igual?

Hay algunos avances. Los programas de ANSES son mejores que los que entrega Desarrollo Social. En ese sentido, en la AUH casi no hay intermediario y es parejo para todos. Pero el Argentina trabaja es mucho más clientelar. Se hicieron algunas correcciones pero falta un montón. Se debería hacer una integración de los programas. Tenemos cinco Ministerios que entregan programas y debería estar centralizado en uno.

¿Esa sería una propuesta tuya?

Claramente. Primero bajar de los 60 programas a 5. Cruzar padrones, que haya una base única de beneficiarios, buscar planes pro empleo para no perder el plan por unos meses si se consigue un trabajo en blanco. Se sacó el seguro de desempleo que quizás era mejor que otros porque servía como incentivo hasta conseguir trabajo nuevo. Hoy quedó fijo en 400 pesos desde diez años, y cedió lugar a otros clientelares. Hay que medir y evaluar, pensar qué impacto se busca y no estar cambiando de planes cada tres años o inventar nuevos, porque se hace difícil pensar cuáles funcionan bien o cómo mejorar. Países como Nicaragua, Honduras, Chile, tienen buenos indicadores para comparar.

En este informe hay un capítulo para subsidios a ex combatientes de Malvinas.

Es un subsidio importante. Lo apoyamos. Pero cuestionamos una metodología que año a año viene creciendo. Recibimos quejas de que no todos los que lo reciben se lo merecen. En el 2013 seguía creciendo la cantidad de beneficiarios. Ahí hay un cuestionamiento a la transparencia. Cómo puede ser que a 30 años de la guerra sigan apareciendo nuevos beneficiaros. Ese es el cuestionamiento. Si acá tenemos falta de transparencia, mucho más tendremos en otros con datos menos precisos.