Cada uno de los, aproximadamente, 2300 gobiernos locales argentinos tienen estructuras de ingresos diferentes, pero en la gran mayoría de los casos, los recursos que usualmente se denominan “propios” no están atados a la evolución de los precios; por lo tanto, no tienen una actualización automática, como sí sucede con el IVA nacional o con los Ingresos Brutos provinciales. En muchos municipios esos ingresos propios son significativos y pueden llegar al 55 % del total de su recaudación, siendo habitual que ronden del 20 al 40 %.

Lo dicho significa, que aunque la recaudación pública nacional y de las provincias evolucione favorablemente - lo que es discutible - los gobiernos locales se verán ante la disyuntiva de ajustar sus gastos o modificar sus bases imponibles para poder recaudar razonablemente, justamente en momentos políticamente tumultuosos.

Con la expansión de funciones a su cargo, la contracción presupuestaria de los municipios ya no es, como antaño, disminuir luminarias o intercalar días de barrido urbano, sino que ahora se ponen en riesgo comedores, servicios complementarios de seguridad, sostenimiento de infraestructura escolar o prestaciones educacionales no formales. El ajuste en los gobiernos locales deteriorará las bases de funcionamiento de un nivel del Estado donde se deciden las cuestiones de la vida cotidiana y donde toda la espuma de las palabras ampulosas debe ponerse en acto concreto; ya se llame asfalto, salas de atención de salud, calidad del espacio público, etc. Durante los últimos años desde el mundo académico, políticos y actores sociales hemos cargado de expectativa nuestra visión de los municipios; pero lo cierto es que esas buenas intenciones no son posibles sin una razonable estructura fiscal.

Y nada se avanzó sobre ello en la mayoría de las provincias.

No se trata de una omisión casual, porque ni los intendentes quieren terminar de ponerse el saco de “cobradores”, ni los gobernadores los quieren ver tan independientes, ni el nivel de presión fiscal del Estado Nacional les deja margen. Con todo, la inflación no va a castigar a todos por igual: paradójicamente sufrirán más los (teóricamente) más virtuosos y menos dependientes de los otros niveles del Estado, por tener un mayor porcentaje de recaudación propia no ajustable por inflación.

O sea que aquellos que introdujeron innovaciones y ampliaron sus miras, se las verán difíciles.

Es irrelevante (e incluso puede ser nocivo), que se les diga a los intendentes que deben ser protagonistas de los procesos de desarrollo de sus territorios si la macroeconomía es una montaña rusa, o si la estructura fiscal sigue por estos caminos. Es impensable sostener una mejora y expansión de los servicios públicos como soporte de ciudadanía y plataforma de actividades económicas con gobiernos locales mendicantes.