Se esperaba. Desde diciembre pasado comenzó a circular con fuerza la decisión del fiscal Jorge Di Lello de pedir la indagatoria del vicepresidente de la Nación Amado Boudou por su participación en el caso Ciccone. Finalmente se concretó minutos después del mediodía.

El fiscal le solicitó al juez Ariel Lijo varias indagatorias además de la de Boudou. Para Di Lello debe ser indagado también el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, por su participación en el caso Ciccone. El pedido de indagatoria abarca además a José María Núñez Carmona, socio de Boudou, y Alejandro Vandenbroele, quien se desempeñó como director de la empresa Ciccone, la máquina de hacer billetes, una vez que se produjo el desembarco en la compañía del grupo de allegados al vicepresidente.

El pedido de indagatoria incluye a Nicolás Ciccone, dueño de la empresa que fue adquirida por el grupo cercano a Boudou y a Guillermo Reinwick, yerno de Ciccone. Di Lello pidió la indagatoria de Rafael Resnick Brenner, jefe de Asesores de la AFIP, y de Máximo Lanusse, quien acompañó a Vandenbroele como vicepresidente de la Compañía Sudamericana de Valores (como fue rebautizada Ciccone) en la llegada del fondo The Old Fund a la máquina de hacer billetes.

Echegaray negó la quita de capital que pedía The Old Fund y que avaló Boudou mediante una carta después de un dictamen favorable de Resnick Brenner. Luego la AFIP le otorgó a la empresa un plan de facilidades de pago de su deuda impositiva tal como lo puede hacer el ente recaudador.

Según fuentes judiciales, Di Lello solicitó que se resuelva en un plazo razonable la situación judicial de Boudou y ante la indagatoria pueda defenderse en Tribunales.

El fiscal también pidió que se investigue cómo fue que la empresa The Old Fund consiguió los fondos con los que adquirió parte de las acciones de Ciccone. Dentro de ese capítulo pidió las declaraciones testimoniales del presidente del Banco Macro, Jorge Brito, y de los integrantes de la Cooperativa Marítima del Sur, que aportó dinero a The Old Fund. Entre los testigos cuya testimonial pediría Di Lello se encuentran Cirio Zavalía, Mariano Maccarone, Mario Pelovski, Daniel Piasek, Patricio De Souza y Cecilia Guyot, todos de la Cooperativa.

El fiscal hace referencia al dictamen que presentó el año pasado el fiscal de Casación Javier de Luca quien había considerado que Boudou no había incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Para Di Lello, en cambio, el hecho de que Boudou haya intercedido ante la AFIP para que The Old Fund recibiera una quita de su deuda impositiva configura el delito. Y por eso pidió la indagatoria.

El enfoque del fiscal contradice al del juez Lijo, quien había considerado a la familia Ciccone, a Reinwick y a Echegaray como testigos del caso. Y habían quedado entre los imputados Boudou, Núñez Carmona, Vandenbroele y Resnick Brenner. Lijo tiene la decisión. Si Lijo llama a indagatoria a Boudou será la primera vez desde el regreso de la democracia que un vicepresidente de la Nación en ejercicio es citado a declarar como imputado en un caso de corrupción.

DE QUÉ SE LO ACUSA A BOUDOU

El escándalo estalló en febrero de 2012, cuando una mujer, Laura Muñoz, acusó a su marido Alejandro Vanderbroele de ser el "testaferro" de Boudou y de mantener negocios espurios relacionados con la impresión de papel moneda.

Ahora bien, para entender la imputación del funcionario es preciso remontarse al año 2009, cuando la imprenta privada Ciccone Calcográfica entra en crisis. La empresa era la única que podía fabricar billetes y documentos de seguridad. Venía mal los últimos años, pero la decisión del Ministerio del Interior de quitarle el contrato de elaboración de pasaportes y de DNI sellaron su destino.

En julio de 2010, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitó a la Justicia la quiebra de la imprenta, a la cual le reclamaba una deuda de $239 millones. En un fallo, el Juzgado en lo Comercial Nº 8 terminó decretándola. No obstante, pocos meses después, el organismo tributario avaló un levantamiento de la quiebra en favor de la firma The Old Fund, que presidía Alejandro Vanderbroele. Ello fue luego de que la empresa London Supply, una contratista del Estado, se presentara ante los tribunales y depositara 1,8 millones de pesos.

En septiembre de ese año quedó sin efecto la quiebra de la antigua Ciccone y la imprenta pasó a manos de The Old Fund. En estas circunstancias fue cuando Amado Boudou habría jugado un rol clave. El entonces ministro de Economía envió una nota a la AFIP solicitando que se otorgue a la imprenta una moratoria especial.

Casi en simultáneo, la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Guillermo Moreno exigió a la empresa Boldt abandonar la planta fabril de Don Torcuato que había alquilado durante el desarrollo del expediente de quiebra. En 2011, The Old Fund toma el control y en julio es renombrada como Compañía de Valores Sudamericana.

El nudo delictivo está en los vínculos de cada uno de los protagonistas de la operación. El titular de The Old Fund, Vanderbroele, era un empleado de José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou. Cabe recordar que, cuando llegó la gente cercana al vice en Ciccone, la fábrica de billetes tenía una relación casi monopólica con la Casa de Moneda, entidad que regula el papel moneda y depende del Ministerio de Economía.

Por orden de Economía, la Casa de Moneda contrató en 2012 a la Compañía de Valores Sudamericana para fabricar billetes de 100 pesos. El negocio le iba a significar a la imprenta unos 50 millones de dólares. Tras el estallido del escándalo, la compañía terminó siendo estatizada por el gobierno nacional.

Según la recolección de las pruebas y el relato de los testigos, el fiscal que investiga la causa, Jorge di Lello, cree que Boudou se interesó en una empresa que iba a ser manejada por su entorno, y que dependía de un área del Estado a su cargo.

Desde el inicio de la causa, el vice niega todo vínculo con Vandenbroele y el paquete accionario de The Old Fund. Sin embargo, está acreditado en la causa que el empresario vivió en uno de sus departamentos de Puerto Madero, pagó el servicio de televisión por cable y solicitó servicio de delivery de comidas.

Di Lello imputó en la causa por el mismo delito que Boudou al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. La lista de acusados se completa con Nicolás Ciccone, el fundador de la imprenta, dos de sus yernos; José María Núñez Carmona, socio de Boudou; Alejando Vandenbroele, supuesto testaferro del vicepresidente, entre otros.

PENAS

La ley penal establece que el delito de negociaciones incompatibles con la función pública "será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo".