La medida fue tomada luego de “agotar las instancias legislativas a través del Concejo Deliberante, solicitando su suspensión inmediata; y de haber recurrido al Departamento Ejecutivo para pedir audiencia con el intendente sin haber obtenido una respuesta favorable”, aseguró la edil y gremialista Graciela Aleñá.

Concretamente el pedido se basa en declarar inaplicables e inconstitucionales las disposiciones que contienen la ordenanza fiscal e impositiva N° 32257 y 32258 en relación a la denominada “Tasa de Mantenimiento Vial” y en consecuencia declare la improcedencia de la pretensión del fisco municipal correspondiente a dicha tasa que se aplica a las ventas de combustibles al público.

La candidata a renovar su banca por el Frente Social de la provincia de Buenos Aires además detalló: “La sociedad en general repudió de manera enérgica la sanción de estas normas impositivas. Numerosas personas e instituciones representativas de las fuerzas vivas del partido y asociaciones de consumidores, vienen realizando una tarea de esclarecimiento de este tema, elevando su firme rechazo”. Por su parte, la Federación Argentina de Estaciones de Servicio (FECRA) plantea que la creación de esta tasa provoca un perjuicio a consumidores y comerciantes, llevando a una distorsión de precios relativos con municipios lindantes, generando como consecuencia una migración de consumos.

En lo que se refiere al marco legal, según indica el comunicado la ordenanza en cuestión es contraria a la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos como al compromiso asumido por las provincias a no establecer gravámenes locales sobre combustibles líquidos, según Decreto Ley 505/58, artículo 29 inciso c. También afecta al Pacto Federal para el Empelo, la Producción y el Crecimiento, del 12 de agosto de 1998, en donde la Nación y las provincias se comprometieron a derogar de inmediato impuestos sobre combustibles y tasas municipales que afecten dichas transferencias. Finalmente la Ley del Impuesto a los Combustibles N° 23.966 fija un tope en la imposición del impuesto para las etapas de industrialización y expendio al público para todas las provincias.

Graciela Aleñá se mostró satisfecha luego de la presentación y dijo: “Hay motivos suficientes para, además de confirmar su inconstitucionalidad, decir que esta tasa afecta a los comerciantes del partido como así también al bolsillo del vecino de Vicente López”. Para concluir, la dirigente contó: “Si no defendemos nuestros derechos, tendemos a perderlos. Por eso recurro a la Justicia como concejal y vecina porque es imperiosa su acción ante este atropello por parte del gobierno de Jorge Macri”.