Cristina Kirchner impulsa el nombramiento del general César Milani como jefe del Ejército; además de su cuestionado pasado vinculado con la represión de la dictadura, los alzamientos carapintada, un enorme e injustificado patrimonio personal, ponen un manto de dudas sobre la carrera del militar.
Pero también es necesario analizar alguna cuestión un poco más profunda: Milani es un funcionario de las áreas de Inteligencia del Estado, de los que se preparan para espiar y buscar información, una tarea que -por ley- les está absolutamente prohibida a las fuerzas armadas. Con todos estos antecedentes, el gobierno -una vez más- ha entregado todo su capital (si algo le quedaba) en materia de derechos humanos.
Veamos, entonces, qué es lo que ha ocurrido en estos años, con las tareas o áreas de inteligencia. Ya el Proyecto X había puesto en tela de juicio esta actividad, sus objetivos alejados de la nobleza que debería tener la función pública, y más bien dirigidos a controlar a organizaciones y referentes sociales, que luego iban a ser sujetos de la persecución política y la criminalización de sus protestas. A propósito de la guerra interna que se está librando entre distintos agentes de inteligencia, es bueno recordar que el Estado gasta unos $1000 millones al año en “inteligencia”. Y con semejante inversión sería razonable medir resultados.
En materia de terrorismo, no lograron prevenir los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. Sólo proveyeron los fondos para sobornar a Telledín. En drogas, la ONU dice que somos campeones mundiales de tráfico y consumo, pero no hace falta que lo diga la ONU, sobra con dar una vuelta por el Gran Buenos Aires. La inseguridad sin duda no es el fuerte de este gobierno, no sólo en materia de prevención, sino tampoco de esclarecimiento, los casos Dalmasso, María Cash o Candela son pruebas evidentes. Si hablamos de tráfico de personas y prostitución, hay múltiples agentes involucrados, como Martins o El Launchón y el caso Espartacus –Oyarbide es un claro ejemplo de cómo se usó el tema para extorsionar. Si alguien tiene dudas, que consulte a La Alameda.
A valores de hoy y sólo en la década K se gastaron unos 10.000 millones de pesos en “inteligencia” sin que nadie pueda demostrar ningún resultado útil.
Tengo decenas de ideas alternativas para usar esa plata en educación, salud, infraestructura, modernización de las policías, cámaras de seguridad, viviendas…
Es tiempo de que los argentinos empecemos a debatir esta cosas porque en la Argentina inteligencia, no significa ser inteligentes.
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