El jueves por la mañana, mientras se debatía en el Congreso la reforma de la justicia que impulsa el ejecutivo nacional, Eduardo Román dialogó en “Pasa de Todo” por la FM Diez57 con el presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martín, Marco Vilaplana, quien explicó el por qué del rechazo a varios puntos a la propuesta del kirchnerismo.

¿Cuál es tu opinión respecto a la reforma de la justicia que impulsa el gobierno?

Todo parece indicar que el tratamiento va a ser bastante rápido. Lo primero que nosotros queremos decir, de hecho lo venimos resaltando cada vez que hablamos públicamente, es que en principio nos parece auspicioso que la justicia se trasforme en una de las prioridades del gobierno nacional. Igualmente nosotros hace mucho tiempo venimos haciendo algunas críticas respecto al funcionamiento de la justicia en lo que tiene que ver sobre todo con la celeridad de los procesos, el aumento del presupuesto, porque muchas veces las limitaciones de recursos humanos y técnicos muchas veces tiene que ver con una limitación presupuestaria que vive la justicia nacional, pero especialmente la provincia.

De todas maneras también vemos con preocupación que debajo de esta cuestión que pueda parecer importante que es democratizar la justicia y cambiar para mejor las cosas, las herramientas que se proponen, o algunas, no nos parecen las adecuadas y en algunos casos nos parecen íntegramente inconstitucionales. Por ejemplo el caso de la reforma del Consejo de la Magistratura. Lo cierto es que en el Consejo fue modificada la ley en el año 2006. Lo que hizo esta modificación fue empeorar la situación. Del 98 al 2006 la estadística dice que los cargos que quedaron vacantes fueron cubiertos con cierta celeridad. Del 2006 para acá, con el funcionamiento nuevo la cuestión se empezó a relentizar.

En principio porque el Consejo de la Magistratura paso, a partir de esa modificación que redujo el número de abogados y magistrados e incremento la participación política, a estar mucho más politizado. Esto lo que provocó fue una demora extraordinaria en cubrir vacantes importantes. Pareciera ser que esta modificación que se propone, lo que hace es profundizar esta situación en el sentido que se politiza aún más el Consejo. Uno de los pilares fundamentales de la República es la división de poderes. La división de poderes no fue inventada por nosotros, existe en todos los gobiernos democráticos del mundo y es uno de los pilares de la constitución del 53 y el 94. Si nosotros, a los jueces que deben ser esencialmente imparciales y despojados de participación político-partidaria los hacemos participar en un concurso donde van a tener que sí o sí vincularse a algún partido político porque los Consejeros van a depender de eso, me parece que claramente estamos subordinando la justicia a la política.
 

En este punto entendemos que hay una grave falencia desde lo estructural porque la ley no pasaría un control de constitucionalidad. Igualmente creemos que la propia Corte Suprema cuando le toque intervenir en el asunto le va a poner un coto y lo van a declarar inconstitucional. En eso estamos trabajando los colegios de abogados que estamos nucleados en la Federación Argentina y por eso dimos una conferencia de prensa el pasado jueves, hablando de la posibilidad de accionar judicialmente en caso que la modificación se apruebe en este punto.

¿Cuáles son las entidades que están trabajado para la presentación de inconstitucionalidad de este paquete de leyes?

Por lo pronto, el Colegio Público de Capital. Nosotros estamos integrando una comisión dentro de la Federación Argentina que está trabajando en eso. Después veremos si cada colegio actúa de forma independiente y hace un planteo propio o si hacemos algo colectivo. Esto deberá esperar un poco de devenir de los acontecimientos, porque hasta que no se sancione como norma no podríamos accionar.