Por Enrique Szewach, para Diario Perfil

Como ya lo mencionamos aquí, al punto de ser más pesados de lo que indica la balanza, que no es poco, la palabra “gratis” en economía no existe; siempre alguien paga. Simplificando: o lo paga el consumidor, a través del sistema de precios, o se paga en forma indirecta mediante la recaudación impositiva, transformada luego en subsidios o transferencias.

Lo más eficiente, desde el punto de vista económico y de asignación de recursos, es que predomine el sistema de precios (lo que obliga a un buen marco regulatorio y de defensa de la competencia en sentido amplio) y que los impuestos se limiten a financiar bienes públicos (como la justicia o la seguridad) u obras de infraestructura y que, como política social, se subsidie sólo a aquellas personas cuyos ingresos les impiden pagar los precios plenos de bienes y servicios determinados, considerados esenciales para la calidad de vida.

Por supuesto, esta regla tiene cierta flexibilidad derivada de las condiciones y preferencias de cada sociedad, la que determina, en cada momento, la combinación entre precios, impuestos y endeudamiento (que no es otra cosa que impuestos futuros).

El gobierno kirchnerista amplió, exageradamente, el conjunto de bienes y servicios a ser financiados con impuestos en lugar de precios. Asimismo, obligó a muchos productores privados a subsidiar directamente, vía la fijación de precios máximos, prohibiciones de exportar, retenciones y otros mecanismos, al resto de los productores y/o consumidores. Tal el caso de la cadena energética, algunos alimentos y otros productos o servicios.

El resultado de esta política está hoy a la vista. El sistema de subsidios a los precios de bienes y servicios está en crisis. El gasto en este rubro prácticamente se cuadruplicó, en términos de PBI, en seis años, lo que explica parte del récord de presión impositiva actual, al punto que ahora hay que recurrir, además, al impuesto inflacionario y al endeudamiento en el mercado local para seguir sosteniendo este mecanismo. A su vez, resulta indiscutido el deterioro en la calidad del sistema de transporte, de energía eléctrica, de infraestructura en general. El anuncio de los aumentos en los precios del transporte colectivo y de trenes de estos días se inscribe, entonces, en la necesidad de remontar este incordio o, mejor dicho, dejar de profundizarlo.

Por otra parte, el intento de obligar a los privados a subsidiar a otros privados llevó a un desplome de la oferta de aquellos bienes sometidos a dicho sistema, obligando, en el caso energético, a importar lo que antes exportábamos, y a empezar a reconocer, aunque sea marginalmente, nuevos precios para revertir, en el largo plazo, el fracaso de este esquema. Lo mismo sucede en el caso de algunos alimentos, en donde, finalmente, hubo que reconocer precios superiores aun a los internacionales, tratando de recuperar la oferta local. Respecto de los productos de consumo masivo, los controles de precios y el aumento de la presión impositiva, incrementaron la concentración de la industria, en contra de las pymes.

En síntesis, todo este esquema de precios artificiales, subsidios cruzados, controles y prohibiciones ha fracasado. Ahora se intenta volver desde ahí. Pero claro, como no se puede hablar de la “herencia recibida” y, como arreglar semejante desastre rápidamente implicaría un shock complejo de instrumentar y explicar, se avanza tímidamente, con marchas, contramarchas y serios problemas de credibilidad para sostener y defender, con los mismos actores, los cambios.

En este contexto, no deja de llamar la atención que el Gobierno porteño haya querido “imitar” el desastre nacional, en el esquema armado para financiar el traspaso del subterráneo a la jurisdicción local.

Es cierto que, al no tener el control de la Legislatura, hubo que negociar lo posible, y no necesariamente lo mejor, y no es menos cierto que pagar el costo político de blanquear el verdadero precio del viaje en subterráneo, sin saber los verdaderos costos, tampoco era aconsejable. Pero insistir con estos mecanismos de subsidios cruzados, habiendo información, a través de la asistencia social de la Ciudad, y tecnología, mediante la tarjeta SUBE, para subsidiar sólo a quienes lo necesitan implica consolidar un esquema que es un evidente desastre. Al menos, se debió dar el debate necesario para corregir estas distorsiones en un futuro cercano, resaltando la transitoriedad del mecanismo actual.

La aritmética, en ese sentido, resulta contundente. Multiplicar un fracaso jamás ha dado como resultado un éxito.