En la novena sesión ordinaria el Concejo Deliberante aprobó un proyecto para repudiar las salidas transitorias de Eduardo Vázquez, el ex baterista de Callejeros que fue condenado a dieciocho años de prisión por el homicidio de su pareja, quien murió a raíz de graves quemaduras. El proyecto original era de la edil del PRO María Maenza, que llevaba además la firma de varios concejales, bajo el título de “Declarando desde el HCD el repudio a la participación de presos y condenados por delitos graves en eventos políticos bajo la forma de actividades culturales”.

Tras un extenso debate, se llamó a cuarto intermedio para consensuar un despacho común, y se aprobó tras la modificación en el título. La redacción final rezaba: “El HCD repudia la arbitraria interpretación de los jueces para otorgar el beneficio de salidas especiales en el caso de Eduardo Vázquez”.

También se aprobaron ordenanzas para que el departamento Ejecutivo informe si el Cirque du Soleil cuenta con la autorización correspondiente y para que considere la factibilidad de instrumentar un bus turístico dentro del distrito o bien compartiendo el recorrido con la comuna de San Isidro.

Por otro lado, pasó a la Comisión de Transporte y Seguridad un proyecto del bloque FAP para la implementación de los dispositivos denominados “Botones Anti-pánico” en distintos puntos del municipio y en medios de transporte como taxis y remises, para la detección y prevención del delito en la vía pública. Asimismo, también se determinó el pase a la misma comisión de un proyecto denominado “Programa de Educación Segura”. Dicho programa contempla la confección e implementación de los senderos seguros para cada escuela del distrito, así como también disponer la presencia de personal de seguridad pública o de ordenamiento urbano en los horarios de entrada y salida.

La concejal Cristina González, una de las autoras de los proyectos, comentó que el FAP está llevando a cabo las propuestas de su “política integral de seguridad pública”, demostrando “que desde el ámbito legislativo también se puede y se debe gestionar”.

Se intentó tratar sobre tablas un despacho que solicita al departamento Ejecutivo expedirse sobre la eximición de tributos municipales para entidades de bien público. Pero, tras la votación nominal, que arrojó trece votos por la aprobación y diez por la negativa, el proyecto fue girado a comisión. Representantes de clubes de barrio presentes en el recinto manifestaron su descontento, alegando que “estamos hace cinco meses de comisión en comisión, necesitamos una solución inmediata”.

LOS PROYECTOS RELATIVOS A LA ZONA COSTERA Y LA MOVILIZACIÓN DE UNIDOS POR EL RÍO

Para el final quedó el tratamiento de dos proyectos que convocaron a un centenar de vecinos y asambleístas de Unidos por el Río en las inmediaciones del Concejo Deliberante y en el propio recinto. En los alrededores del edificio se desplegó un amplio operativo policial, que custodió al nutrido grupo que permanecía manifestándose en la entrada al ritmo de la batucada. El recinto lució embanderado con las consignas de la asamblea, en tanto algunos manifestantes exhibieron pancartas y disfraces, e interrumpieron varios veces la sesión con gritos y cánticos.

La asamblea está movilizada desde el año pasado para impedir un proyecto inmobiliario a gran escala del empresario Carlos De Narváez, que pretende construir un shopping y otros negocios comerciales en el predio de 6,9 hectáreas públicas ubicado detrás del supermercado Carrefour. También se manifiestan en contra de la instalación de una subestación eléctrica en la intersección del Vial Costero con la calle Bartolomé Cruz, que consideran puede ser dañina para la salud de la población circundante.

El primer proyecto que interesaba a los asambleístas era una solicitud al Ejecutivo para que haga lugar al pedido de la Defensora del Pueblo en control de normativas para la preservación de la salud, el medio ambiente y la contaminación visual. El edil del FAP Carlos Roberto se hizo eco del reclamo y expresó: “El proyecto se refiere a una resolución de la Defensora del Pueblo que habla sobre los certificados de impacto ambiental para la subestación eléctrica, que fue remitido a la OPDS, para que intervenga y determine si tiene o no ese certificado”. El expediente fue girado a la Comisión de Zona Costera, Salud, Ecología y Medio Ambiente.

El segundo proyecto, iniciado por la Asamblea Unidos por el Río, pide la suspensión del contrato de concesión de un área de dominio público costero para la construcción del shopping, y la nulidad del decreto municipal que habilita la instalación del la subestación eléctrica, hasta en tanto se consulte a la ciudadanía. En ese sentido, el proyecto también incluye el llamamiento a una consulta popular vinculante a celebrarse antes del 31 de diciembre. El despacho iniciado por los asambleístas se giró a la Comisión de Administración, Justicia, Legislación General y Zona Costera, y los manifestantes se retiraron del recinto cantando “¡Consulta popular!, ¡Consulta popular!”.