Fue uno de los temas más relevantes en la quinta sesión del Concejo Deliberante. Apuntan a ordenar el centro urbanístico del partido. También se aprobó otra ordenanza que promueve la regularización de tierras fiscales.
El Concejo Deliberante de San Isidro celebró su quinta sesión ordinaria. Entre los temas más relevantes se aprobó por unanimidad una ordenanza que apunta a cristalizar el traslado de los tribunales. El proyecto convalidó
“El objetivo es lograr una mayor cooperación en cuanto a proyectos edilicios que el Máximo Tribunal tiene previstos desarrollar en el distrito a corto y largo plazo”, explica esta iniciativa en la cual el Departamento Ejecutivo y el Concejo han venido realizando diversas gestiones y acciones administrativas tendientes a concretar este acuerdo.
El convenio hace referencia a la construcción de un complejo judicial en predios provinciales ubicados en Boulogne, donde hoy funcionan actividades comerciales y agrega que resultarán de “rápido y fácil acceso e implicarán beneficios en términos urbanísticos y de tránsito”.
Así buscan centralizar en un solo predio la mayor cantidad de dependencias del Departamento Judicial de San Isidro, principalmente, las relacionadas con el fuero penal, inmuebles que hoy se encuentran en la zona céntrica del distrito y generan graves inconvenientes urbanísticos y de tránsito allí.
El legislativo también aprobó una ordenanza por unanimidad con el objetivo de “implementar en el distrito un Plan de Regulación de Tierras que permita al municipio una planificación del uso del suelo sostenible en el tiempo y facilite el desarrollo de políticas sociales y urbanísticas con carácter social y comunitario”.
En tal sentido el documento faculta al Departamento Ejecutivo a realizar estudios de inmuebles que dentro de San Isidro puedan ser sujetos de prescripción administrativa a favor del municipio conforme a lo que establece
Esta norma permite a provincias y municipios la posibilidad de adquirir el dominio de tierras ociosas o abandonadas (particulares, provinciales o del estado nacional); pero también aquellas que el municipio utiliza para ofrecer servicios sociales y recreativos.
La adquisición –explica el proyecto- se realiza mediante la declaración de usucapión a través de la vía administrativa siempre y cuando no exista controversia respecto de la titularidad y/o posesión de las tierras en cuestión.
