La detención de cinco sindicalistas de la Unión Ferroviaria generó reacciones de todos los sectores del movimiento obrero. Aun con distintos fundamentos la CGT y la CTA alertan sobre el peligro de generalización de este tipo de medidas .

El formato elegido por la fiscalía y el Juez: detenerlos un viernes para indagatoria un lunes, es indicativo de que se buscó un efecto mediático.

Si sumamos las veloces declaraciones del jefe de Gabinete Aníbal Fernández, es fácil deducir que no es una medida de rutina, tiene “dedicatoria” .

En un estado de derecho pleno, la igualdad ciudadana se refleja en la intervención de los poderes públicos en la represión. Tendría que ser indiferente la “condición” del imputado de un delito ya sea empresario, trabajador o funcionario público, pobre o rico. Cuando ello no sucede, cuando las normas no se cumplen y las excepciones superan a la regla, los poderes del Estado carecen de credibilidad y se crea una situación anómica y de impunidad.

Ante ello necesariamente caemos en la comparación: ¿Por qué Ricardo Jaime permanece libre aun con fuertes presunciones de enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración? ¿Por qué el padre Julio C. Grassi cumple su condena en su domicilio? ¿Por qué Carlos Menem resultó absuelto de la causa sobre venta de armas? ; y lo contrastamos con otra pregunta: ¿por qué Rubén Sobrero y otros cuatro representantes de trabajadores fueron apresados? Aun cuando sabemos que hay una multiplicidad de causas, no podemos dejar de pensar que es por su condición de dirigente sindical y representantes de los trabajadores, y nos lleva a contextualizarlo en la situación socio-económica.

La “criminalización de la protesta social” disminuyó, pero nunca cesó. En el Gran Buenos Aires y en algunas provincias los referentes de las protestas son represaliados con iniciación de causas antes, durante y después del conflicto. Y en el último tiempo esta tendencia se ha acentuado. No solamente se han multiplicado los casos de “penalización” sino también hubo muertes.

Trece referentes sindicales y sociales han sido asesinados y las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas . Salvo en el caso de Mariano Ferreira, las demás causas mantienen la impunidad de los responsables. Y hay otras modalidades que confirman dicha tendencia. Es el caso de José María Castrillo, Secretario Gremial del Sindicato de obreros de Ingenio La Esperanza, cuyo domicilio fue baleado el 20 de agosto, después de una huelga por mejoras salariales.

No se pueden dejar de relacionar estos hechos con los dichos de la Presidenta respecto a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo: en un discurso por cadena cuestionó una medida de fuerza. Sus incesantes pedidos de “prudencia” tanto en los conflictos como en las negociaciones colectivas parecen advertencias. Hay causales convergentes que inducen a pensar que el Gobierno va a influir para debilitar al movimiento sindical . Ya no le basta ya con la injerencia en la vida interna de las asociaciones, sino que requiere de intervenciones más fuertes.

Los sindicatos argentinos han crecido en estos años.

La estrategia pos 2001 de transferir el conflicto territorial al conflicto en la producción los favoreció notablemente. Recuerdo las declaraciones de los representantes de la UIA en el 2003 añorando al “conflicto virtuoso”, con referencia al que se producía en la contradicción capital-trabajo, en contraposición a la anarquía del territorio.

La negociación colectiva y la lucha económica posibilitaron que las organizaciones crezcan.

Vanos fueron los intentos de poner topes en el aumento de los salarios, o el de fraguar el “costo de vida” para “regular” el funcionamiento de las paritarias. La conflictividad se fue desplazando desde el territorio a la fábrica y desde el Estado al sector privado.

El Gobierno debe afrontar ahora cambios. Los distintos indicadores económicos van generando “alarma anaranjada”. La crisis internacional y el posible déficit en el comercio internacional parecen indicar que no es suficiente la inflación sea el término de “ajuste”: requieren ponerle “tope” a las negociaciones salariales y los salarios reales deben decrecer.

Para darle continuidad al “modelo”, el Gobierno necesita ampliar los términos del “ajuste” . Todo parece indicar que dicho ajuste se dirige a los trabajadores formales incluidos en la negociación colectiva. No basta con el 37% de trabajadores no registrados y el 50% precarizados. El Gobierno busca debilitar el poder de los sindicatos y parece, a ese fin, dispuesto a diversificar sus métodos . Los votos obtenidos en las primarias más los que obtengan el 23 de octubre serán el emblema.

El miedo a perder el puesto de trabajo ante la crisis será la herramienta.

Son impredecibles las consecuencias que estas acciones puedan producir en los sindicatos y en la relación capital-trabajo. Si continúa el intento, se irán modificando las relaciones políticas entre los distintos sectores que lo componen. Los contenidos de los comunicados de las dos centrales obreras parecen conocer el proceder del Gobierno y advierten que no están dispuestos a resignar sus conquistas.

EL AUTOR ES DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA CTA (SECTOR MICHELI)