El Concejo Deliberante de Pilar aprobó el Régimen Municipal de Prevención del Narcotráfico y del Lavado de Activos, una iniciativa impulsada por el intendente Federico Achával que busca establecer mayores controles sobre las inversiones y emprendimientos que requieran habilitaciones o permisos municipales.

La ordenanza fue aprobada con el respaldo del oficialismo de Fuerza Patria, mientras que los concejales de La Libertad Avanza votaron en contra. El debate estuvo atravesado además por la polémica en torno al predio del kilómetro 46 de la Panamericana, donde durante la pandemia funcionó un vacunatorio municipal y que actualmente se encuentra vinculado a una causa judicial por presunto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.

Una “ficha limpia” para las inversiones

La nueva normativa establece que las personas físicas o jurídicas que soliciten determinadas habilitaciones, permisos o aprobaciones municipales deberán presentar una Declaración Jurada de Origen Lícito de Fondos.

Entre la información que deberán aportar se encuentra la identidad del titular de la inversión, la actividad económica declarada, el monto y origen de los recursos y las sociedades, fideicomisos u otras estructuras jurídicas involucradas.

Además, la ordenanza contempla la identificación de los beneficiarios finales, es decir, las personas físicas que ejercen el control efectivo sobre las sociedades u organizaciones que participan de una inversión.

El régimen prevé controles reforzados para grandes desarrollos inmobiliarios, inversiones de elevada magnitud y estructuras societarias consideradas complejas.

Uno de los puntos centrales de la normativa establece que una habilitación o autorización municipal podrá ser impedida cuando una persona o beneficiario de una inversión se encuentre investigado o procesado en causas vinculadas con el narcotráfico o el lavado de dinero asociado a esa actividad.

El objetivo planteado por el Municipio es evitar que capitales de origen ilícito puedan incorporarse a la economía formal de Pilar a través de emprendimientos inmobiliarios, comerciales u otro tipo de inversiones.

Los libertarios rechazaron el proyecto

La iniciativa fue aprobada por mayoría, pero los representantes de La Libertad Avanza que participaron de la sesión votaron en contra. Se trata de Andrés Genna, María Ratti, Solana Marchesán y Juan Pablo Casañas.

La discusión derivó en un fuerte cruce entre el oficialismo y los concejales libertarios. Uno de los principales ejes de la disputa fue el estado actual del predio ubicado sobre la Panamericana, donde durante la pandemia funcionó un vacunatorio.

Ratti cuestionó la situación del lugar y apuntó contra la administración municipal por el deterioro y la presencia de insumos que, según denunció, fueron adquiridos con fondos públicos.

Desde Fuerza Patria, el concejal Silvio Rodríguez respondió a las críticas y defendió la aprobación del régimen. Durante su intervención, cuestionó a La Libertad Avanza por no haber presentado, según sostuvo, iniciativas propias vinculadas con la problemática del narcotráfico y el lavado de activos.

Rodríguez también aseguró que el Municipio no retrocederá frente a presiones políticas o mediáticas cuando se trate de impedir el ingreso de fondos vinculados con actividades ilícitas.

En medio del cruce, el concejal oficialista hizo además referencias a dirigentes vinculados al espacio libertario y mencionó los cuestionamientos alrededor de José Luis Espert, además del dirigente local Juan Martín Tito.

El caso del vacunatorio de la Panamericana

La discusión por el predio del kilómetro 46 de la Panamericana ocupó un lugar central en el debate por la nueva ordenanza.

Desde el Municipio señalaron que, mientras el lugar estuvo bajo administración comunal, allí funcionaron un vacunatorio y un espacio para la realización de licencias de conducir. Según la versión oficial, durante ese período el predio se encontraba en condiciones adecuadas y el vacunatorio se convirtió en uno de los puntos de referencia del distrito durante la pandemia.

Posteriormente, el inmueble quedó en manos de sus propietarios a partir de una decisión judicial. El Municipio sostiene que uno de los involucrados se encuentra investigado por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y que, desde entonces, la administración comunal quedó imposibilitada de ingresar al lugar o realizar tareas de mantenimiento.

El edificio quedó además alcanzado por un embargo en el marco de una causa judicial en la que se encuentran procesados la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria. El expediente investiga inversiones en Argentina vinculadas al narcotraficante colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, detenido en Estados Unidos.

El oficialismo utilizó este caso para justificar la necesidad de contar con herramientas que permitan determinar quiénes se encuentran detrás de determinadas inversiones y cuál es el origen de los fondos utilizados.

Así, el debate por el estado del exvacunatorio terminó conectado directamente con la ordenanza aprobada: el oficialismo planteó que el Municipio necesita mayores herramientas para detectar y bloquear inversiones vinculadas al narcotráfico, mientras que La Libertad Avanza rechazó el régimen.

Con la aprobación de la norma, Pilar incorporó un mecanismo de control sobre el origen de los fondos y la identidad de los beneficiarios finales de determinadas inversiones que busquen desarrollarse en el distrito.