La CGT y las dos CTA rechazaron la propuesta empresaria, que contempló subas inferiores al 2%. Las centrales reclamaron un piso de $911.202 y advirtieron por la pérdida del poder adquisitivo. El Ejecutivo volverá a definir el incremento sin acuerdo entre las partes.
El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó otra vez sin consenso y el Gobierno nacional quedó habilitado para establecer por decreto el próximo aumento del salario mínimo. Las centrales sindicales rechazaron la propuesta empresaria por considerarla insuficiente y cuestionaron la modalidad virtual de la reunión.
La oferta que llegó a la mesa contempló una actualización de 1,8% en septiembre y de 1,7% desde octubre hasta abril de 2027. El esquema llevaría el actual salario mínimo de $376.000 a $382.768 en septiembre, con un nuevo valor que rondaría los $430.000 para abril, según el cálculo difundido tras el encuentro.
La CGT y las dos CTA llegaron por primera vez con un planteo conjunto. Las organizaciones reclamaron un salario mínimo inmediato de $911.202 y de $993.300 en diciembre. La diferencia entre esa pretensión y la propuesta empresaria marcó el principal punto de conflicto.
Las centrales obreras decidieron retirarse antes del cierre de la reunión. La CGT justificó la medida con un fuerte cuestionamiento al Gobierno y sostuvo que «sin diálogo real no hay acuerdo posible».
En el mismo documento, la central sindical remarcó que «el salario no puede ser un ingreso de pobreza». También cuestionó que la discusión se limite a una convocatoria formal sin una instancia efectiva de negociación.
Críticas a la reunión virtual
Otro de los reclamos sindicales apuntó contra el formato elegido por la Secretaría de Trabajo. Desde la asunción de Javier Milei, las reuniones del Consejo del Salario se realizan de manera virtual, una modalidad que las organizaciones gremiales cuestionan desde hace tiempo.
La ausencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, sumó tensión al encuentro. La reunión quedó a cargo de la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa. Por la Unión Industrial Argentina participó el abogado Juan José Etala, mientras que Martín Rappallini no asistió.
La CGT consideró que la ausencia de Cordero reflejó la escasa importancia que el Ejecutivo le asigna al Consejo. «Un gesto vale más que mil palabras», expresó la central en su comunicado.
Los gremios también reclamaron que las distintas comisiones que integran el organismo vuelvan a reunirse de forma presencial. Para la CGT, «no existe ningún impedimento que justifique sostener la modalidad virtual cuando están en juego los ingresos de millones de trabajadoras y trabajadores».
Un salario mínimo cada vez más lejos de los ingresos necesarios
La discusión excede el monto que cobrará quien perciba el SMVM. El valor también funciona como referencia para distintos programas y prestaciones estatales, entre ellos el seguro de desempleo y determinadas becas, además de otros cálculos vinculados con los ingresos laborales.
Las organizaciones sindicales sostienen que el deterioro del salario mínimo profundizó la distancia entre los ingresos de los trabajadores y el costo de vida. La CGT afirmó que «la pérdida de poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y la creciente distancia entre su valor y los ingresos necesarios para afrontar las necesidades básicas de una familia trabajadora es un hecho que venimos reclamando hace años».
El reclamo sindical también apuntó contra los aumentos propuestos por las empresas. Según la CGT, «con escasos argumentos la parte empleadora estima siempre aumentos que hoy apenas alcanza para un kilo de pan. Y el gobierno, en abierta coincidencia, viene avalando esa postura».
Con el fracaso de la negociación, el Ejecutivo tendrá la última palabra sobre el nuevo esquema. El mecanismo vuelve a dejar al Consejo del Salario sin un acuerdo entre trabajadores y empresarios.
Para la central obrera, «la propuesta que surja del Consejo debe responder a las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores y permitir que quien trabaja pueda vivir dignamente».
El Gobierno, en cambio, podrá avanzar con el incremento mediante una decisión unilateral. El resultado mantiene una dinámica que los gremios cuestionan: negociaciones sin acuerdo, rechazo sindical y una definición final por parte del Poder Ejecutivo.
