Manuel Adorni, exjefe de Gabinete de Javier Milei, fue intimado por el fiscal Gerardo Pollicita a que dé explicaciones sobre su crecimiento patrimonial en el marco del expediente judicial en el que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

“La intimación comprende los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”, dice un pasaje del requerimiento de Pollicita, cuyo texto completo no fue dado a conocer porque contiene información protegida por el secreto que resguarda los datos de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Adorni tendrá un plazo de 15 días para justificar “la procedencia del incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge” desde que él asumió en la función pública, el 14 de diciembre de 2023, hasta su renuncia, el 27 de junio pasado.

Fuentes del Ministerio Público informaron que el requerimiento, de 207 hojas, fue presentado esta mañana por Pollicita en el juzgado de Ariel Lijo, que será quien le notifique a la defensa del exfuncionario la decisión de la fiscalía de reclamarle explicaciones.

Si la justificación que presenta Adorni es considerada insuficiente por los investigadores, el funcionario deberá ser citado a indagatoria. El pedido de indagatoria puede hacerlo el fiscal, pero esa decisión -de llamarlo a declarar como acusado- la debe tomar el juez del caso, Ariel Lijo.

Hasta ahora, la defensa de Adorni en la causa, ejercida por el abogado Matías Ledesma, no presentó documentación alguna para explicar el patrimonio del exfuncionario.

El requerimiento que presentó Pollicita se apoya en un informe técnico sobre la evolución patrimonial del exfuncionario realizado por un organismo especializado del Ministerio Público.

En su intimación, el fiscal enumeró 20 puntos que Adorni debería aclarar, entre ellos, el origen de los dólares declarados, las operaciones inmobiliarias y la trazabilidad del dinero.

Según informaron fuentes oficiales, la fiscalía detalló en su dictamen que Adorni cobró 35 sueldos en el período investigado, a los que se añaden los ingresos comprobados de su cónyuge. Eso suma un total de 229.752.283,20 pesos. En el mismo período, el grupo familiar afrontó gastos (incluidos tarjetas de crédito, seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos y viajes) por 272.820.832,20 pesos. Según la fiscalía, la diferencia es entonces de 43.068.549 pesos.

Pero además, Pollicita dijo que hay 402.578,12 dólares cuyo origen no está corroborado, que fueron destinados a la compra y refacción integral de la casa del country Indio Cuá, del departamento de Miró al 500 y de los muebles encargados para esos inmuebles.

El fiscal sostuvo que deberán explicarse “fuentes de financiamiento” tales como “los mutuos atribuidos a dos familiares, cuya concertación, efectiva entrega y evolución no han sido documentadas”, y los “ingresos exentos, herencias y donaciones a los que se atribuye capacidad explicativa respecto de una parte del incremento patrimonial”.

También deberá explicarse la intervención de “personas del entorno en la adquisición de bienes o en la realización de pagos por cuenta del requerido”, dijo Pollicita. Este punto alude a las compras que Adorni hizo con tarjetas de crédito de empleados del Gobierno que trabajaban a sus órdenes.

El fiscal también pidió que Adorni justifique “la operatoria con criptoactivos”, que no había incluido en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Hace dos meses, en una entrevista con LN+, cuando ya estaba a la vista que sus ingresos declarados no se condecían con sus gastos, Adorni dijo por primera vez que tenía “ahorros en negro” que, según su relato, provenían de inversiones cripto hechas mucho antes de entrar en la función pública. El fiscal le reclama ahora que precise “el detalle de su operatoria” así como “el origen del capital con el que afirma haberla iniciado”.