El Gobierno Nacional informó que alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio y la suspensión del decreto 690/2026 que desreguló la actividad, así como la desactivación de la medida de fuerza de prácticos que paralizó las operaciones en los puertos.

La instancia de diálogo será coordinada por el Gobierno Nacional, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, y tendrá como objetivo «avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación».

«Los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados», señaló el comunicado de Presidencia de la Nación.

Los prácticos, encargados de asistir a los capitanes de los buques en las entradas y salidas de los puertos, entre otras tareas, habían dispuesto un paro por tiempo indeterminado en todo el país desde este lunes 3 de agosto, que había dejado sin poder operar a más de 185 embarcaciones.

Gustavo Idígoras, presidente de CIARA, calculó entre 50 mil y 100 mil dólares el costo de cada barco por día sin poder entrar al puerto.

El decreto de la discordia

El ahora suspendido decreto 690/2026 del Ministerio de Transformación y Desregulación pretende «modernizar una normativa vigente desde 1991, quitar restricciones que limitaban la competencia y reducir los costos logísticos que afectan al comercio exterior».

La reforma elimina requisitos considerados obsoletos, facilita el ingreso de nuevos prestadores al servicio de practicaje y establece que los prácticos podrán ser contratados libremente por los usuarios. Además, dispone que la Prefectura Naval Argentina mantendrá un registro abierto de profesionales habilitados, sin límites de cantidad, favoreciendo una mayor oferta y evitando barreras artificiales de acceso a la actividad.

El texto oficial también suprimía la segmentación por tramos geográficos —que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido—, flexibilizaba los traslados del personal y ampliaba las exenciones de contratación para determinados buques.

“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, dijo Sturzenegger al momento de explicar los cambios.

Desde la oposición al decreto, el presidente Cámara de Practicaje y Pilotaje, John Ryan, sostuvo que «la seguridad de la navegación y la seguridad individual se encuentran enormemente vulneradas con esta nueva regla».

«Nosotros no somos el capitán del buque. Somos como el controlador aéreo que asiste en esa llegada y esa partida», comentó a Cadena 3 Rosario. Y añadió: “Desde 1991 el servicio está desregulado, la cantidad de prácticos que pueden entrar al sistema no tiene límites”.

Además sostuvo que las tarifas del servicio están reguladas por el Estado Nacional desde 2018 y que los valores actuales funcionan como topes máximos, no como precios que los prácticos pueden fijar libremente.