El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo. A 40 días de que la Corte Suprema dejara firme el fallo que obliga al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, las partidas contempladas por la normativa todavía no fueron actualizadas.

La resolución del máximo tribunal, del 25 de junio, ordenó al Gobierno cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que habían sido suspendidos mediante un decreto del Poder Ejecutivo. La aplicación de esas disposiciones implica una actualización de los recursos destinados a las universidades y una recomposición para docentes, no docentes y becas estudiantiles.

El monto involucrado ronda los $2,5 billones.

La situación generó nuevas críticas desde la oposición. El diputado nacional Esteban Paulón apuntó contra el Gobierno por no ejecutar las partidas y sostuvo que las universidades necesitan que se cumpla con la legislación vigente y no nuevas explicaciones.

Denuncia contra Santilli

En medio de la disputa, Paulón presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El legislador también cuestionó al presidente Javier Milei, a Santilli y al secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Además, puso el foco sobre el titular de la Comisión de Educación de Diputados, Alejandro Finocchiaro.

El motivo del cuestionamiento a Finocchiaro está relacionado con una declaración realizada durante una reunión de comisión el 1° de julio. En aquella oportunidad, el diputado había asegurado que había conversado con integrantes del Gobierno y que los fondos universitarios serían girados el 15 de julio. Esa fecha pasó sin que se concretara la actualización anunciada.

Una pelea que comenzó con el inicio de la gestión Milei

El enfrentamiento entre las universidades nacionales y el Gobierno libertario se inició prácticamente con la llegada de Milei a la Casa Rosada y tuvo como uno de sus primeros puntos de conflicto la decisión de mantener vigente el Presupuesto 2023.

En abril de 2024, las universidades realizaron la primera Marcha Federal Universitaria para reclamar mayores recursos. Meses después, el Congreso sancionó una primera ley de financiamiento, que fue vetada por Milei.

La disputa continuó en 2025. El Congreso volvió a aprobar una normativa destinada a mejorar los recursos para las universidades, incluyendo fondos para salarios y becas. El Gobierno volvió a intentar frenarla mediante un veto, pero esta vez ambas cámaras legislativas insistieron con la iniciativa y dejaron firme la ley.

El Ejecutivo terminó promulgándola, aunque posteriormente suspendió los artículos centrales mediante el Decreto 759/2025.

Ese escenario cambió con la intervención de la Corte Suprema. El fallo del 25 de junio dejó sin efecto esa suspensión y obligó al Gobierno a avanzar con la aplicación de las disposiciones cuestionadas.

El Presupuesto 2026, otro capítulo del conflicto

La disputa también llegó al debate por el Presupuesto 2026. El proyecto enviado por el Ejecutivo incluía la eliminación de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con otras normas que establecían partidas específicas para distintos sectores.

La iniciativa no consiguió avanzar en Diputados y las leyes cuestionadas por el Gobierno permanecieron vigentes.

Ahora, con el fallo de la Corte Suprema firme y sin que se hayan concretado las actualizaciones reclamadas, el conflicto vuelve a quedar instalado en el centro de la agenda política. Mientras el Gobierno mantiene su postura frente al financiamiento universitario, la oposición busca llevar el incumplimiento a la Justicia y presionar para que se ejecuten los recursos establecidos por ley.