La decisión del Gobierno de Javier Milei de modificar el régimen de practicaje y pilotaje volvió a exponer los límites de su política de desregulación. El decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, provocó una paralización en los principales puertos del país y sumó un nuevo conflicto en una actividad estratégica.

Los prácticos, especialistas que acompañan a los capitanes en las maniobras de ingreso y salida de los barcos, iniciaron una medida de fuerza por tiempo indeterminado. El reclamo apunta contra una reforma que, según denuncian, modificó las reglas de una actividad sensible sin contemplar el impacto sobre la seguridad marítima ni sobre el comercio exterior.

El conflicto dejó un saldo inicial de más de 140 buques imposibilitados de operar en terminales portuarias argentinas. La situación afectó a zonas clave como el Gran Rosario, La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca.

Una reforma que abrió un conflicto en los puertos

El decreto reemplazó una normativa vigente desde 1991 y planteó una transformación profunda del sistema. Entre sus principales cambios, habilitó una mayor competencia entre prestadores, eliminó requisitos que el Gobierno considera excesivos y permitió nuevas modalidades de contratación del servicio.

Desde la administración de Milei justificaron la medida con el argumento de que el esquema anterior generaba costos elevados y cerraba el acceso a nuevos operadores. En esa línea, remarcaron que la reforma busca reducir gastos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior.

Sin embargo, los trabajadores del sector rechazaron esa explicación y advirtieron que la modificación puede afectar un servicio donde la experiencia y el conocimiento de las zonas de navegación resultan determinantes.

Los prácticos sostienen que la desregulación impulsada por Sturzenegger pone en riesgo un sistema que requiere capacitación específica y controles estrictos para evitar accidentes en rutas marítimas complejas.

El decreto también dejó una herramienta en manos del Estado para intervenir ante una eventual crisis. La norma establece que la Prefectura Naval Argentina podrá prestar el servicio cuando existan situaciones excepcionales que impidan el funcionamiento habitual. Además, contempla la posibilidad de recurrir a la Armada Argentina.

El impacto sobre el comercio exterior

La paralización generó alertas dentro del sector portuario. El Centro de Navegación informó que varias operaciones fueron suspendidas y que algunos buques fueron desviados hacia terminales de Uruguay y Brasil.

La entidad advirtió que el conflicto puede generar pérdidas millonarias por incumplimientos contractuales, mayores costos y demoras en la circulación de mercaderías.

También señaló que la crisis afecta la imagen internacional del sistema portuario argentino y recordó que el practicaje fue considerado una actividad trascendental por su importancia para el funcionamiento del comercio exterior.

Desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) indicaron que las operaciones vinculadas al movimiento de combustibles quedaron interrumpidas en distintos puntos del país. Entre los sectores afectados aparecen terminales de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Caleta Córdova.

El argumento del Gobierno: bajar costos

La Casa Rosada defendió la reforma con una crítica al funcionamiento histórico del sector. Según funcionarios nacionales, el sistema acumuló regulaciones que limitaron la competencia y elevaron los costos para las empresas.

Fuentes oficiales remarcaron que “el practicaje y pilotaje de un solo buque que sube a cargar a los puertos del Paraná cuesta entre US$50.000 y US$100.000, según estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario y del propio sector portuario”.

También señalaron diferencias con otros países y cuestionaron el valor de determinados servicios asociados al traslado de los prácticos hacia los barcos.

En ese sentido, desde el Gobierno sostuvieron que “las condiciones para habilitar esas lanchas eran más difíciles que las que se piden para habilitar un portaaviones, con el único fin de dejar afuera a cualquier competidor y cobrar lo que quisieran”.

Una nueva disputa por la forma de desregular

El conflicto volvió a instalar una discusión que atraviesa al programa económico de Milei: la velocidad y el alcance de las reformas aplicadas por decreto.

Mientras el Gobierno insiste con la apertura de mercados y la eliminación de regulaciones, los sectores afectados cuestionan la falta de diálogo y advierten sobre las consecuencias de cambios abruptos.

La desregulación del practicaje expuso una de las principales tensiones del modelo libertario: una reforma pensada para bajar costos que terminó paralizando una parte central del comercio exterior argentino.