El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de Inocencia Fiscal II con cambios en el esquema simplificado que administra ARCA. La iniciativa elimina restricciones cuestionadas por los contadores y busca incentivar la incorporación de dólares al circuito formal. «Tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio», afirmó el ministro de Economía.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles el envío al Congreso del proyecto Inocencia Fiscal II, una propuesta que modifica el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El objetivo central consiste en facilitar el ingreso al sistema formal de los dólares que permanecen fuera del circuito financiero.
Durante la presentación, Caputo defendió la iniciativa y sostuvo: «Tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio».
El proyecto introduce cambios sobre la ley sancionada a comienzos de este año, que reformó el Régimen Penal Tributario y creó un esquema simplificado para el pago del Impuesto a las Ganancias. Esa normativa permitió utilizar ahorros de hasta $100 millones sin consecuencias fiscales para quienes cumplieran determinados requisitos, entre ellos ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio que no superara los $10.000 millones.
La nueva propuesta busca responder a los cuestionamientos que formularon los consejos profesionales de ciencias económicas. Uno de los principales reclamos apuntó al riesgo de perder los beneficios del régimen cuando ARCA detectara diferencias en las declaraciones juradas.
Para evitar esa situación, el Gobierno propone eliminar los límites actuales y habilitar la rectificación de las declaraciones juradas sin excluir al contribuyente del régimen. Quienes corrijan las inconsistencias podrán conservar los beneficios previstos por la ley.
El texto también establece un tratamiento especial para los fondos alcanzados por la presunción de exactitud contemplada en la normativa vigente. Ese beneficio permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre de 2027.
Otro de los cambios busca limitar el margen de acción de ARCA. El organismo solo podrá objetar una declaración jurada si acredita con información objetiva diferencias significativas. Además, el proyecto prevé la exención de determinadas multas para los contribuyentes que regularizaron previamente ajustes en Ganancias o IVA y opten por el régimen simplificado.
La legislación actual ya modificó los parámetros para los delitos tributarios. El monto mínimo para configurar evasión simple pasó de $1,5 millones a $100 millones, mientras que la evasión agravada elevó su piso de $15 millones a $1.000 millones. La reforma también actualizó los valores vinculados con facturación apócrifa, apropiación indebida de tributos retenidos y utilización irregular de beneficios fiscales.
Otro punto que permanece vigente permite que ARCA no impulse denuncias penales cuando el contribuyente regularice su situación antes del inicio de una causa judicial o cancele la deuda junto con los intereses y recargos dentro de los plazos previstos. La ley además redujo de manera significativa el período de fiscalización, que pasó a tres años para reclamar tributos omitidos, aplicar sanciones o promover acciones vinculadas con operaciones no declaradas.
El régimen está destinado a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la Argentina que, durante los últimos tres ejercicios fiscales, registraron ingresos de hasta $1.000 millones, un patrimonio máximo de $10.000 millones y no integran el listado de grandes contribuyentes nacionales elaborado por ARCA.
El anuncio llegó pocos días después de que el Ministerio de Economía prorrogara hasta el 27 de agosto el plazo para presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2025. Sin embargo, el vencimiento para el pago permaneció fijado para el 27 de julio, mientras que el primer anticipo se trasladó a septiembre.
La decisión respondió a los planteos de los consejos profesionales de ciencias económicas, que reclamaron más tiempo para cumplir con las obligaciones fiscales y pidieron modificaciones en el régimen simplificado debido a las dificultades operativas que detectaron y a los riesgos que, según advirtieron, enfrentaban los contribuyentes.
