La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que impedía al Gobierno nacional avanzar con el cierre del programa Volver al Trabajo y habilitó al Ministerio de Capital Humano a discontinuar el beneficio a partir de agosto. La decisión dejará sin la prestación mensual de $78.000 a más de 900.000 beneficiarios.

El fallo fue firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, quienes dejaron sin efecto la resolución del Juzgado Federal de Campana que había ordenado mantener los pagos hasta que el Estado implementara una política pública alternativa que garantizara un nivel de protección equivalente.

En su resolución, los camaristas sostuvieron que mantener vigente el programa mediante una medida cautelar implicaba un «adelantamiento del veredicto final» y remarcaron que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de crear, modificar o dar por finalizados los programas sociales.

Además, consideraron que los beneficiarios no poseen un derecho adquirido a la continuidad del plan, cuya vigencia había sido fijada originalmente por un plazo de dos años. También señalaron que no estaban acreditados los requisitos para sostener la cautelar, al no demostrarse suficientemente la verosimilitud del derecho invocado ni el peligro en la demora.

El tribunal también hizo hincapié en la presunción de legitimidad de los actos administrativos y advirtió que obligar al Estado a sostener el programa condicionaría la administración de los recursos públicos y la ejecución de las políticas definidas por el Gobierno.

Como parte de sus fundamentos, la Cámara valoró que el Ejecutivo presentó un esquema alternativo para reemplazar Volver al Trabajo. La propuesta, impulsada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, prevé redireccionar los recursos hacia empresas, centros de formación provinciales y organizaciones dedicadas a la capacitación laboral, en lugar de mantener las transferencias monetarias directas.

La reacción de la UTEP

La causa se originó a partir de una presentación colectiva de beneficiarios que reclamaban mantener el ingreso hasta la puesta en marcha de una política sustitutiva efectiva. En primera instancia, la Justicia había considerado que la eliminación inmediata del programa podía generar un daño social y patrimonial irreparable para miles de familias en situación de vulnerabilidad.

Tras conocerse el fallo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) rechazó la decisión judicial y sostuvo que «la Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores». La organización adelantó que continuará impulsando acciones judiciales para reclamar la continuidad del salario social complementario.

Con esta resolución, el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, recuperó la potestad para avanzar con el rediseño de la política de asistencia laboral. Si no media una nueva decisión judicial, el programa Volver al Trabajo dejará de pagarse desde agosto, lo que marcará el cierre definitivo de uno de los principales planes sociales orientados a la inserción laboral.