La pata legislativa del Frente Renovador salió a celebrar el reciente fallo de la Justicia Federal de San Martín que declaró delitos de lesa humanidad a los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos en junio de 1956 durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu.

Tras la confirmación del fallo, el diputado bonaerense de Fuerza Patria, Rubén Eslaiman, fue uno de los primeros dirigentes en hacerse eco de la resolución judicial y utilizó sus redes sociales para marcar posición. “A 70 años, los fusilamientos de José León Suárez fueron declarados delitos de lesa humanidad. Si los acusados estuvieran vivos, la condena sería a prisión perpetua”, remarcó el legislador massista.

La sentencia, que se conoció este lunes 22 de junio, cerró el Juicio por la Verdad por los crímenes que Rodolfo Walsh reconstruyó en “Operación Masacre”, la investigación publicada en 1957 que marcó un hito en la literatura política argentina. En ese marco, la jueza Alicia Vence consideró probados los hechos y responsabilizó al Estado argentino por la planificación, ejecución y encubrimiento de los fusilamientos.

En la misma línea que su par renovador, la senadora Malena Galmarini vinculó el fallo con su agenda legislativa de memoria histórica y apuntó contra los discursos negacionistas. “Se termina la cuerda del negacionismo. Ser ‘contrera’ y asesino también tiene su lugar: el destierro”, sostuvo la dirigente oficialista, tras valorar el trabajo de familiares y compañeros que sostuvieron el pedido de justicia durante décadas.

Según la sentencia judicial, durante la noche del 9 de junio de 1956, efectivos policiales allanaron de manera ilegal una vivienda de la localidad de Florida, secuestraron a doce personas y las trasladaron primero a la comisaría de San Martín. Luego, la Policía llevó a las víctimas a un descampado de José León Suárez, donde finalmente concretó los fusilamientos.

El operativo dejó cinco muertos y siete sobrevivientes, entre ellos Juan Carlos Livraga, que aportó un testimonio clave desde Estados Unidos a los 96 años. A partir de este relato, la magistrada encuadró los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía.

En tanto, el fallo también atribuyó responsabilidades a Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino Quaranta, Desiderio Fernández Suárez, Rodolfo Rodríguez Moreno y al personal que actuó bajo sus órdenes. Sobre ese punto, la jueza Vence sostuvo que, si los acusados estuvieran vivos, habrían recibido prisión perpetua.

Además de la declaración judicial, la sentencia también dispuso medidas de reparación y memoria para las víctimas y sus familiares, entre ellas la rehabilitación del buen nombre y honor de los fusilados y sobrevivientes, la publicación del fallo, la inclusión de los hechos en los diseños curriculares, la instalación de placas conmemorativas y la creación de un sitio de memoria en los históricos basurales de José León Suárez.

El Frente Renovador reactiva su agenda contra el negacionismo tras el fallo de José León Suárez

En paralelo a su reacción por el fallo de los fusilamientos de José León Suárez, la senadora Galmarini mantiene en la Legislatura una agenda propia contra los discursos negacionistas. La dirigente del Frente Renovador presentó en las ultimas horas un proyecto para prevenir y sancionar en la provincia de Buenos Aires las expresiones que nieguen o justifiquen el Terrorismo de Estado.

La iniciativa de Galmarini propone crear el Consejo Provincial contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado, con el objetivo de desarrollar políticas públicas, capacitaciones y protocolos de intervención. El organismo tendría participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria, el Defensor del Pueblo, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), en articulación con distintos organismos de derechos humanos.

En concreto, el proyecto define al negacionismo como toda afirmación o conducta que niegue la existencia del Terrorismo de Estado, minimice el plan sistemático de exterminio o justifique los crímenes de la represión ilegal cometidos entre 1976 y 1983. El texto también incorpora a las expresiones que equiparen el accionar de grupos particulares con el despliegue ilegal del aparato estatal durante la última dictadura cívico-militar.

Además, la propuesta prevé procedimientos administrativos para los funcionarios públicos que asuman posiciones negacionistas y multas de entre $40 millones y $80 millones para quienes nieguen o minimicen delitos de lesa humanidad comprobados por la Justicia. “Existía hasta el 10 de diciembre de 2023 un pacto democrático”, sostuvo Galmarini, al advertir que la política de Memoria, Verdad y Justicia atraviesa una nueva disputa pública.