La reciente noticia de que el Ministerio de Defensa autorizó que el personal militar pueda complementar sus haberes trabajando como chofer de aplicaciones, repartidor o en actividades similares puede parecer una respuesta pragmática frente a una emergencia salarial. Sin embargo, en realidad, constituye una admisión implícita del fracaso del Estado en una de sus funciones esenciales: la Defensa Nacional.

Las Fuerzas Armadas no son una actividad laboral cualquiera. El militar acepta limitaciones de derechos, disponibilidad permanente, traslados obligatorios, riesgos inherentes al servicio y un régimen disciplinario especial; todas condiciones indispensables para cumplir una carrera única por su especificidad y por la misión que le asigna la Constitución y las leyes.

A cambio, el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de vida acordes con la responsabilidad que implica la defensa de la soberanía nacional. Cuando un oficial, suboficial o soldado necesita buscar un segundo empleo para sostener a su familia, el problema no es del militar. El problema es del sistema de defensa.

Ningún país serio diseña su política de recursos humanos sobre la base de que sus cuadros estratégicos deban complementar ingresos en el mercado informal. El personal militar debe estar disponible las veinticuatro horas para el servicio, concentrado en su capacitación, entrenamiento y misión. No preocupado por completar horas manejando un Uber o repartiendo comida para una app.

En paralelo, la incorporación de capacidades como los aviones de combate F-16 constituye una decisión importante y necesaria después de décadas de vaciamiento. Sin embargo, existe el riesgo de presentar estas adquisiciones como si fueran la solución al problema de defensa.

La realidad es mucho más compleja. Un sistema de armas no es solamente la plataforma que se compra. Requiere pilotos, técnicos, infraestructura, simuladores, armamento, logística, mantenimiento y financiamiento sostenido durante décadas.

Se puede adquirir aviones modernos y al mismo tiempo continuar perdiendo capacidades estratégicas si se descuida al personal, las instalaciones o los sistemas de apoyo. Lo mismo ocurre con los vehículos blindados Stryker para el Ejército. Son herramientas valiosas dentro de una fuerza moderna, pero ningún ejército se fortalece únicamente incorporando equipamiento.

La capacidad militar surge de la combinación equilibrada entre doctrina, entrenamiento, recursos humanos, sostenimiento logístico y material. De poco sirve incorporar plataformas de última generación si simultáneamente se deteriora la carrera militar, se reducen incentivos para la permanencia del personal o se posterga la recuperación de capacidades críticas.

La situación de la Armada Argentina es quizás el ejemplo más claro de las inconsistencias estratégicas acumuladas durante décadas. La pérdida del ARA San Juan dejó al país sin capacidad submarina operativa, una situación extremadamente grave para una nación con la extensión marítima, la riqueza de recursos naturales y la proyección antártica que posee Argentina.

Mientras se anuncian programas de reequipamiento en algunos sectores, la recuperación de la fuerza de submarinos continúa sin una decisión clara, consistente y sostenida en el tiempo. Desde una perspectiva geopolítica, resulta difícil hablar de control efectivo del Atlántico Sur cuando una de las principales capacidades de disuasión naval permanece ausente.

Todo ello adquiere una dimensión aún más preocupante cuando se observa la realidad geopolítica argentina. La Argentina no es un país pequeño ni carente de intereses estratégicos. Posee una de las mayores extensiones territoriales del mundo, una enorme plataforma continental, una de las zonas económicas exclusivas más extensas, recursos pesqueros, energéticos y minerales de valor creciente, presencia permanente en la Antártida y responsabilidades sobre vastos espacios marítimos y aeroespaciales.

A ello se suma la particular situación del Atlántico Sur, donde confluyen intereses geopolíticos, económicos y militares de relevancia global. En ese contexto, la defensa nacional deja de ser una discusión presupuestaria para convertirse en una cuestión de soberanía.

Las Fuerzas Armadas existen fundamentalmente para generar capacidad de disuasión. La mejor guerra es aquella que nunca ocurre porque el potencial adversario comprende que el costo de desafiar nuestros intereses nacionales sería demasiado alto.

La disuasión no implica agresión ni militarismo. Implica credibilidad. Implica que la Nación posea capacidades suficientes para proteger sus recursos, controlar sus espacios soberanos y defender sus intereses estratégicos. Cuando esa capacidad se deteriora, no solo se debilita el instrumento militar, también se debilita la posición internacional del país.

Argentina no necesita una carrera armamentista ni competir por la supremacía regional. Pero sí necesita mantener capacidades equivalentes a las de sus principales vecinos y acordes con la magnitud de los intereses que debe proteger.

Ningún país serio renuncia voluntariamente a su capacidad de defensa. Brasil, Chile y otras naciones de la región han sostenido durante décadas procesos de modernización relativamente estables, comprendiendo que el desarrollo económico, la política exterior y la defensa nacional forman parte de una misma ecuación estratégica. La Argentina, en cambio, ha oscilado durante años entre el abandono, la improvisación y las soluciones parciales.

La responsabilidad de esta situación no puede atribuirse exclusivamente a una administración determinada. Durante décadas, la conducción política de la Defensa ha acumulado errores de distinto signo ideológico, pero con resultados similares.

Algunos ministros entendieron su función como una instancia de revisión permanente del pasado y promovieron políticas de persecución y confrontación con las propias Fuerzas Armadas. Otros transitaron el cargo sin una visión estratégica, limitándose a administrar la inercia burocrática mientras utilizaban el ministerio como plataforma para futuras aspiraciones políticas. Y otros parecieron más preocupados por la estética de la función, los anuncios y las fotografías que por la construcción efectiva de capacidades militares sostenibles.

Cambiaron los discursos, cambiaron las prioridades y cambiaron los gobiernos, pero el resultado fue siempre el mismo: una Argentina que continuó perdiendo capacidades estratégicas mientras sus Fuerzas Armadas intentaban sostener con profesionalismo lo que la dirigencia política no supo o no quiso planificar.

A ello se suma una cuestión frecuentemente postergada: la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas. El sistema de salud del personal militar y de sus familias atraviesa desde hace años problemas de financiamiento, cobertura, prestaciones y sostenibilidad que impactan directamente sobre la calidad de vida de quienes sirven al Estado.

La política de defensa no se limita a comprar aviones, blindados o radares. También implica garantizar condiciones dignas para el personal, atención sanitaria adecuada para sus familias y un horizonte profesional que permita atraer y retener recursos humanos altamente capacitados.

Un militar que duda sobre la atención médica de sus hijos o sobre el funcionamiento de su cobertura sanitaria es tan víctima del deterioro del sistema de defensa como aquel que carece de equipamiento para cumplir su misión.

El problema de fondo es que Argentina sigue discutiendo instrumentos aislados en lugar de definir un modelo de defensa nacional para los próximos treinta años. Se debate el salario sin discutir una verdadera política de defensa. Se anuncian compras sin explicar cómo se sostendrán presupuestariamente.

Se incorporan sistemas específicos mientras permanecen vacíos estratégicos fundamentales. Se habla de reequipamiento sin resolver problemas estructurales de recursos humanos, infraestructura y bienestar. Y se responde a la pérdida del poder adquisitivo sugiriendo actividades complementarias cuando lo que debería discutirse es cómo retener y motivar al capital humano que constituye el verdadero núcleo del instrumento militar.

Una política de defensa seria no se mide por la cantidad de anuncios ni por la fotografía de una adquisición. Se mide por la capacidad real de una nación para formar, sostener y proyectar un instrumento militar profesional, tecnológicamente actualizado y estratégicamente coherente.

Los F-16 son importantes. Los Stryker también. Pero ningún avión, ningún blindado y ningún sistema de armas puede reemplazar una política de Estado que durante décadas ha sido incapaz de resolver simultáneamente los problemas de personal, equipamiento, infraestructura, salud y planificación estratégica que afectan a las Fuerzas Armadas.

La defensa nacional no es un gasto. Es una responsabilidad indelegable del Estado y una condición necesaria para el ejercicio efectivo de la soberanía como también para el ejercicio de la política exterior.

Mientras la dirigencia política no comprenda esa premisa elemental, seguiremos discutiendo cómo hacer para que nuestros militares lleguen a fin de mes, cuando la verdadera discusión debería ser cómo construir las Fuerzas Armadas que la Argentina necesita para proteger su territorio, custodiar el Mar Argentino, ejercer presencia efectiva en la Antártida, defender sus recursos estratégicos y garantizar su capacidad de disuasión en el siglo XXI.

Porque las naciones no pierden su soberanía el día que son derrotadas. Empiezan a perderla mucho antes, cuando deciden que ya no vale la pena defenderla.