Los aliados parlamentarios del Gobierno frenaron la posibilidad de sesionar esta semana y obligaron a postergar el tratamiento de la ley impulsada por Federico Sturzenegger
La falta de acuerdos volvió a complicar los planes legislativos del oficialismo en el Senado. El bloque de La Libertad Avanza no logró reunir el respaldo necesario para convocar a una sesión este miércoles y debió postergar el tratamiento del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.
De acuerdo con distintas fuentes parlamentarias, el oficialismo consiguió encaminar un entendimiento para llevar el tema al recinto el próximo 18 de junio. La propuesta incluye modificaciones vinculadas a la compra de tierras por parte de extranjeros y a los mecanismos de desalojo.
Las negociaciones se desarrollaron durante una reunión realizada en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta. Allí, los representantes de los distintos espacios analizaron la posibilidad de avanzar con el proyecto elaborado bajo la órbita del ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.
Del encuentro participaron la titular de la bancada libertaria, Patricia Bullrich; el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi; el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling; el senador de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; la representante de Despierta Chubut, Edith Terenzi; Beatriz Ávila, del bloque Independencia; Flavia Royon, de Primero los Salteños; y Carlos Arce, del Frente de la Concordia.
Durante los últimos días, tanto desde el oficialismo como desde sectores aliados habían reconocido diferencias respecto de algunos artículos relacionados con la adquisición de tierras por parte de ciudadanos o empresas extranjeras. Según trascendió, esas objeciones fueron parte central de la discusión y abrieron la puerta a eventuales modificaciones en el texto.
Entre las alternativas que se encuentran bajo análisis figura la posibilidad de que sea el Congreso quien intervenga en los casos en que la compra involucre a un Estado extranjero o a compañías vinculadas a gobiernos de otros países. Para el resto de las operaciones, la decisión quedaría en manos de cada gobernador provincial.
Además, una de las opciones debatidas contempla que cada provincia sancione su propia normativa sobre tierras, ratificando la autonomía de las jurisdicciones para regular el uso y administración de los territorios comprendidos dentro de sus límites.
Fuentes de La Libertad Avanza señalaron a El Destape que la sesión podría concretarse la semana próxima y que incluso podría incorporar algunos de los pliegos judiciales que ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos del Senado.
En paralelo, el oficialismo continuó impulsando nuevos nombramientos en el ámbito judicial. Entre ellos figura el caso de Víctor Pesino, quien solicitó la prórroga de su mandato como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.
La continuidad del magistrado despertó cuestionamientos desde sectores del peronismo, que recuerdan su intervención en causas vinculadas a la reforma laboral y le reprochan haber rechazado medidas cautelares presentadas contra esa iniciativa.
