La discusión se intensificó cuando el sitio “¿Cuánto Deben?” reveló que varios funcionarios habían recibido créditos por cifras millonarias.
El Banco Nación entregó 1.120 créditos hipotecarios a funcionarios y personas consideradas “expuestas políticamente” entre enero de 2024 y marzo de 2026. El dato surge de un pedido de acceso a la información realizado por Ámbito y muestra que, de un total de 25.391 préstamos, uno de cada 23 fue para alguien dentro de esa categoría.
La polémica comenzó cuando entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación entregó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP), sobre un total de 25.391 operaciones. Esto significa que uno de cada 23 préstamos fue para funcionarios o exfuncionarios que, por su rol público, están bajo controles especiales de la Unidad de Información Financiera.
El tema generó polémica porque en septiembre de 2024 la entidad modificó la línea “+ Hogares” para incluir de manera explícita a cargos políticos electivos o designados. Esa decisión derivó en una denuncia judicial presentada por la diputada Mónica Frade, que quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti.
La discusión se intensificó cuando el sitio “¿Cuánto Deben?” reveló que varios funcionarios habían recibido créditos por cifras millonarias. Entre ellos figuran Pedro Juan Inchauspe, director del Banco Central, con $510 millones; Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, con $373 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con $367 millones; y Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano, con $420 millones, quien fue desplazado de su cargo tras conocerse el préstamo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó minimizar la controversia al señalar que menos del 0,2% de los créditos fueron para personas vinculadas al Gobierno. Sin embargo, esa categoría no existe en la normativa financiera: lo que sí está regulado son las Personas Expuestas Políticamente, un universo definido por la UIF que obliga a los bancos a aplicar controles reforzados.
La investigación judicial deberá establecer si hubo irregularidades, pero los datos oficiales ya muestran que el fenómeno no se limita a casos aislados: más de mil créditos hipotecarios fueron otorgados a funcionarios y exfuncionarios en poco más de dos años.
