Mientras el Gobierno celebra la reforma como un avance del “federalismo” y una garantía de “seguridad jurídica” para las inversiones mineras, la comunidad científica y ambiental la califica como un grave retroceso que compromete la soberanía hídrica nacional.
Expertos del IANIGLA y glaciólogos internacionales alertan sobre un escenario preocupante si la minería avanza sin restricciones tras la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Congreso.
Entre esos daños, se incluyen: Crisis hídrica agravada, retroceso acelerado de glaciares por el cambio climático (pérdida de decenas de millones de toneladas de hielo al año), destrucción adicional de zonas periglaciares podría reducir drásticamente el caudal de ríos como el San Juan, Mendoza y Colorado.
Así, en 5 a 10 años, se esperan sequías más prolongadas y severas en el oeste argentino, con conflictos crecientes por el agua entre minería, agricultura y consumo humano.
Derrames de cianuro, metales pesados y relaves tóxicos, como los ya ocurridos en Veladero (San Juan), se volverían más frecuentes y difíciles de controlar, afectando el agua potable de millones.
Ecosistemas únicos de alta montaña sufrirán un impacto masivo, afectando especies endémicas y alterando para siempre el equilibrio natural.
Cada provincia aplicará sus propios criterios, creando “paraísos extractivos” con estándares ambientales más laxos y generando inequidad entre jurisdicciones.
