Las tensiones internas comenzaron a aflorar dentro del oficialismo a partir del avance de la agenda desreguladora impulsada por Federico Sturzenegger, que ya no genera un respaldo homogéneo en el bloque libertario de la Cámara de Diputados. El foco de las diferencias está puesto en el denominado proyecto “hojarasca”, una propuesta que busca eliminar cerca de 70 leyes consideradas obsoletas o contrarias a las libertades individuales.

Aunque la iniciativa forma parte del paquete de reformas promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, su tratamiento no logra consolidar consenso. Presentada inicialmente en octubre de 2024, perdió estado parlamentario y debió ser ingresada nuevamente, pero incluso en esta nueva etapa no consigue entusiasmo pleno ni entre oficialistas ni entre aliados.

En algún momento, el oficialismo evaluó llevar este proyecto al recinto junto con la reforma de la ley de glaciares, pero finalmente optó por postergarlo. La decisión respondió, por un lado, a una estrategia legislativa para evitar una sesión con demasiados temas sensibles. La discusión sobre glaciares, por sí sola, ya implicaba un desafío en un contexto político y judicial complejo para el Gobierno.

Pero además, persisten diferencias internas respecto al contenido del proyecto. Uno de los puntos más controvertidos es la intención de eliminar la norma que habilita a los legisladores a contar con una credencial para circular y estacionar sin restricciones.

Desde el Ejecutivo consideran que ese beneficio constituye un privilegio incompatible con la igualdad ante la ley. “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma”, sostiene el texto oficial.

Sin embargo, dentro del propio bloque libertario no todos comparten esa mirada. Algunos diputados defienden la utilidad de ese mecanismo y relativizan su carácter de privilegio. “Muchos legisladores llegan por tierra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, [Axel] Kicillof te corta las rutas para impedir que llegues a votar una ley?”, planteó un referente del espacio para justificar su continuidad.

Las objeciones también tienen un costado técnico. Asesores legales del oficialismo sostienen que no es imprescindible derogar leyes en desuso, ya que las nuevas normas suelen dejar sin efecto a las anteriores. Si bien reconocen que el proyecto suma volumen a la agenda reformista del Gobierno, advierten que abrir este debate podría “entorpecer” negociaciones más urgentes en el Congreso.

Entre esas prioridades aparece la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo, que busca eliminar las PASO, reducir el financiamiento estatal de los partidos políticos y limitar la proliferación de estructuras sin representatividad real.

Cerca de Federico Sturzenegger admiten que estas inquietudes fueron transmitidas desde el bloque oficialista, aunque relativizan su impacto. “Se pueden discutir varios temas a la vez. No hay que subestimar la importancia del ordenamiento legislativo”, señalaron desde el entorno del ministro.

El proyecto “hojarasca” también incluye la eliminación de aportes estatales al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y a la Federación Argentina de Municipios, dos puntos que también generan incomodidad en distintos sectores políticos.

A pesar de las resistencias, la iniciativa podría comenzar a debatirse en los próximos días en la Comisión de Legislación General, presidida por el diputado libertario Santiago Santurio. Allí se analiza convocar a funcionarios del área de Desregulación para que expongan los alcances del proyecto.

En paralelo, el oficialismo impulsa otra iniciativa que sí reúne mayor consenso: la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un compromiso asumido por la Argentina en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos, con fecha límite de aprobación fijada para el 30 de abril.

Existe un antecedente legislativo clave: un proyecto que cuenta con media sanción del Senado desde 1998, pero que nunca fue tratado en Diputados. La estrategia oficial es retomar ese texto, introducirle modificaciones y devolverlo a la Cámara alta para su aprobación definitiva, aprovechando que los acuerdos internacionales no pierden estado parlamentario con el paso del tiempo.

La adhesión al tratado apunta a alinear la normativa argentina con estándares internacionales en materia de propiedad intelectual, lo que implicaría adaptar la legislación local a reglas globales. Este cambio tendría impacto directo en sectores sensibles como la industria farmacéutica y la producción de semillas.

Desde estos sectores advierten que la medida podría facilitar el acceso de empresas extranjeras a la protección de patentes en el país, afectando la competitividad de las compañías locales. Uno de los puntos más cuestionados es que permitiría extender hasta 18 meses adicionales la vigencia de patentes de medicamentos.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) figura entre las entidades que más firmemente rechazan la iniciativa.