La tensión en el sistema de transporte público volvió a escalar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el conflicto entre el Gobierno nacional, las empresas y los trabajadores mantiene en vilo la prestación del servicio. En lugar de resolver el problema de fondo, el Ejecutivo anticipó que avanzará con multas contra las compañías que reduzcan la frecuencia de los colectivos.

La medida surge en un contexto de fuerte deterioro del sistema, con líneas que ya operan con recortes de entre el 30% y el 40% en sus servicios, producto de la falta de fondos y el aumento de costos, especialmente el gasoil.

Según el Gobierno, las sanciones apuntan a las empresas que no cumplan con la prestación normal del servicio, en un intento por evitar que el conflicto derive en un paro total. Sin embargo, desde el sector empresarial aseguran que la reducción de frecuencias no es una decisión voluntaria, sino consecuencia directa de la deuda que el Estado mantiene en subsidios y del desfasaje en la estructura de costos.

El eje del conflicto pasa por los pagos atrasados y la actualización de los subsidios. Las empresas advierten que la situación es “inviable” y que, de no regularizarse, el servicio podría paralizarse completamente en los próximos días.

A esto se suma la presión de los trabajadores: desde la UTA ya advirtieron que, si no se abonan los salarios en tiempo y forma, los choferes podrían dejar de prestar servicio, lo que agravaría aún más el escenario.

En este marco, el Gobierno convocó a las cámaras empresarias a una reunión clave para destrabar el conflicto y prometió avanzar con el depósito de fondos. No obstante, en paralelo, mantiene la postura de aplicar sanciones, lo que genera más tensión en un sistema que ya se encuentra al límite.

Mientras tanto, millones de usuarios enfrentan demoras, incertidumbre y la posibilidad concreta de un paro de colectivos en los próximos días, en medio de una crisis que, lejos de resolverse, sigue profundizándose.