El freno de la economía comenzó a impactar de lleno en las finanzas provinciales, generando tensiones crecientes entre la Nación y los gobernadores. Con menor actividad, caída del consumo y una recaudación en retroceso, los envíos de fondos desde el Estado nacional se redujeron de manera significativa en lo que va de 2026, lo que obligó al Gobierno de Javier Milei a evaluar mecanismos de asistencia para varias jurisdicciones.

De acuerdo a un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado en base a datos del Ministerio de Economía y el Indec, las transferencias totales de la Nación hacia las provincias registraron una caída real del 8,3% en el primer trimestre del año respecto al mismo período de 2025.

El retroceso se explica por dos factores. Por un lado, las transferencias no automáticas —que dependen de decisiones del Poder Ejecutivo— disminuyeron en la mayoría de los distritos, con excepción de nueve provincias que recibieron mayores recursos a través de Aportes del Tesoro Nacional o acuerdos vinculados a sus sistemas previsionales.

Sin embargo, el mayor impacto provino de las transferencias automáticas, que están definidas por ley y representan el grueso de los fondos coparticipables. Estas registraron una baja uniforme en todo el país, con un recorte total cercano a 1,1 billones de pesos entre enero y marzo en comparación con igual período del año anterior, medido a precios actuales.

En ese marco, la mayoría de las provincias sufrió caídas interanuales de entre el 6% y el 8% en los fondos recibidos. La excepción fue La Pampa, con una merma más moderada del 2,3%. En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires fue la más afectada, con un desplome del 46%, explicado principalmente por la reducción de transferencias discrecionales vinculadas a una deuda aún judicializada.

El deterioro de las cuentas públicas provinciales responde directamente a la dinámica económica. La desaceleración de la actividad, combinada con el atraso de los salarios, impacta en el consumo, lo que a su vez reduce la recaudación y, en consecuencia, los recursos coparticipables.

En términos de actividad, los datos oficiales muestran que en enero se registró un crecimiento interanual de apenas 1,9%, el segundo más bajo en más de un año, mientras que estimaciones privadas anticipan una caída mensual en febrero. Este estancamiento está vinculado a la debilidad de sectores clave como la industria, el comercio y la construcción, que además concentran gran parte del empleo.

A esto se suma la presión inflacionaria, que se mantuvo cerca del 3% durante cuatro meses consecutivos, erosionando el poder adquisitivo desde septiembre del año pasado.

Como resultado, el consumo masivo dejó de crecer y comenzó a retroceder en términos interanuales. Según datos de la consultora Scentia, cayó un 1,1% en enero y un 3,4% en febrero. En paralelo, las ventas minoristas también muestran una tendencia negativa desde mediados de 2025, de acuerdo a mediciones de la CAME.

Este escenario repercute en la recaudación tributaria, que acumula ocho meses consecutivos de caída. En lo que va del año, se registraron bajas del 7,6% en enero, 9,7% en febrero y 4,5% en marzo.

Los principales impuestos que alimentan la coparticipación también reflejan este deterioro. La recaudación por IVA se redujo un 10,1% en el primer trimestre, afectada por la caída del consumo, mientras que el impuesto a las Ganancias retrocedió un 3,8% debido al rezago salarial, según estimaciones del IARAF.

Las provincias ya venían golpeadas por el ajuste implementado en 2024, que había provocado un fuerte descenso en los envíos automáticos. Si bien durante la primera mitad de 2025 se registró una recuperación parcial, el estancamiento económico volvió a revertir esa tendencia desde noviembre, según datos del CEPA.

Las perspectivas a corto plazo tampoco son alentadoras. La decisión del Gobierno de congelar el impuesto a los combustibles —otro componente relevante de la coparticipación— limita las posibilidades de recomposición de ingresos, en un contexto internacional que presiona sobre los precios.

En paralelo, la Casa Rosada busca reimpulsar su agenda legislativa en el Congreso, para lo cual necesita del acompañamiento de gobernadores que hoy enfrentan serias dificultades financieras.

En ese contexto, trascendió que Javier Milei analiza firmar un decreto para adelantar fondos coparticipables a 12 provincias por un total de 400.000 millones de pesos. Esos recursos deberían ser devueltos antes de fin de 2026, con una tasa de interés del 15%.

El deterioro de la actividad económica, que ya impacta en las arcas provinciales, amenaza así con trasladarse también al plano político, condicionando la relación del Gobierno nacional con los mandatarios y su margen de maniobra en el Congreso.