En medio del entusiasmo oficial por el fallo favorable en el caso YPF, el Gobierno de Javier Milei recibió un revés inesperado en el frente interno. La Justicia laboral hizo lugar a un planteo de la CGT y dictó una medida cautelar que deja en suspenso gran parte de la reforma laboral aprobada recientemente en la Cámara de Diputados.

Ante este escenario, la administración libertaria ya trabaja en una respuesta judicial. Desde la Procuración del Tesoro Nacional, encabezada por Sebastián Amerio, preparan una presentación para intentar revertir la decisión que frena una de las iniciativas que consideran centrales para la recuperación económica.

El equipo legal, que viene de celebrar el resultado favorable en Estados Unidos por la expropiación de YPF, se encuentra abocado a contrarreloj en la estrategia. La resolución que encendió las alarmas fue firmada por el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N°63.

De acuerdo a lo que trascendió, el oficialismo avanzará en dos frentes: por un lado, apelará ante la Cámara Federal y, por otro, buscará cuestionar la competencia del fuero laboral que intervino tras la presentación de la central sindical.

La presentación formal estará a cargo del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, aunque contará con el respaldo técnico de la Procuración del Tesoro.

La medida cautelar impacta sobre más de 80 artículos, que fueron objetados en una acción colectiva impulsada por la CGT, en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el Gobierno y el sindicalismo.

Dentro del esquema jurídico oficial también tiene un rol clave María Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. Tanto ella como Amerio forman parte del espacio alineado con Santiago Caputo, uno de los sectores que ganó peso tras el fallo internacional vinculado a la petrolera.

En la Casa Rosada ya anticipaban una reacción sindical de esta magnitud. De hecho, esperaban una serie de litigios no sólo por los cambios en la normativa laboral, sino también por la intención de transferir competencias del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad, otro punto que también fue llevado a la Justicia.

En el escrito presentado, la CGT sostuvo: «El examen general y en particular que hemos ensayado del texto que afirmamos es contrario el Orden Público Constitucional». Además, cuestionó que «la malversación de la palabra modernización obedece a la absoluta irrazonabilidad de la ley promulgada para satisfacer los objetivos propuestos».

Finalmente, el documento concluye con una crítica contundente: «Es un viaje al pasado, es una señal de reverencia a una demanda empresaria, es una señal inquietante para nuestra sociedad».