La causa judicial por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este sumó nuevos elementos y puso el foco en el financiamiento del vuelo. Un comprobante incorporado al expediente indicó que una empresa ligada a un periodista de la TV Pública pagó el traslado en avión privado, lo que profundizó las sospechas sobre el origen de los fondos.

El documento, que analizó la Justicia, señaló que la firma Imhouse SA realizó una transferencia por $6.984.180, monto equivalente a 4830 dólares según la factura emitida por la compañía aérea. En esa sociedad figura como accionista Marcelo Grandio, periodista y persona cercana al funcionario.

La empresa Alpha Centauri, encargada del servicio aéreo, entregó esa información al juez Ariel Lijo y se comprometió a remitir datos adicionales sobre el vuelo de regreso. Ese punto quedó bajo análisis en el expediente.

El caso se centró en establecer si el jefe de Gabinete recibió un beneficio indebido o si existió algún tipo de irregularidad patrimonial. La investigación se originó a partir de denuncias presentadas por legisladores nacionales, que apuntaron a posibles dádivas o enriquecimiento ilícito.

En paralelo, el juzgado ordenó una serie de medidas para reconstruir el itinerario completo. Lijo pidió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria todas las imágenes del aeropuerto de San Fernando correspondientes al día del vuelo. El requerimiento incluyó registros de accesos, pista, hangares y zonas cercanas al embarque. El objetivo fue seguir cada movimiento vinculado al viaje.

Además, la Justicia solicitó la nómina de vuelos que operaron en ese aeropuerto en las horas previas y posteriores al despegue. También exigió documentación a los organismos de control para verificar si Adorni y su familia cumplieron con los trámites migratorios y aduaneros.

El expediente avanzó con carácter urgente. Según consta en la causa, el juez pidió preservar pruebas y evitar cualquier alteración de los registros. En ese marco, fuerzas federales se presentaron en el aeropuerto para asegurar la documentación.

La investigación también evaluó un segundo expediente que podría unificarse, en el que se incorporaron datos sobre el patrimonio del funcionario, incluida la construcción de una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz.

Con estos elementos, el juzgado buscó determinar responsabilidades y aclarar el origen del financiamiento del viaje. El foco se mantuvo en establecer si el traslado respondió a un gasto personal o si terceros asumieron el costo en condiciones que pudieran implicar un delito.