Las repercusiones políticas por el caso de la criptomoneda $Libra volvieron a agitar el clima en el Congreso, donde un grupo amplio de diputados avanzó con una batería de iniciativas para intentar esclarecer el rol de Javier Milei y Karina Milei en la maniobra. Sin embargo, esa ofensiva encuentra límites en la falta de acompañamiento de bloques como el PRO y la UCR, que optaron por no fijar una postura pública, en línea con lo ocurrido cuando el tema irrumpió por primera vez en la agenda legislativa.

Los legisladores que participaron de la comisión investigadora decidieron denunciar al fiscal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal. Lo acusan de obstaculizar las atribuciones del Congreso al negar el acceso al expediente judicial. En esa misma presentación, también solicitaron su apartamiento de la causa, al considerar que su accionar podría implicar un intento de encubrimiento y una traba deliberada a la investigación.

En paralelo, desde el plano político buscan que los principales involucrados den explicaciones formales. A través de un pedido de informes, reclaman que Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel detallen el contenido de sus comunicaciones con el trader Mauricio Novelli. A su vez, impulsan la interpelación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la propia Karina Milei, a quien señalan como una figura central en la articulación de reuniones y vínculos con el entorno del lobbista.

El PRO decidió no sumarse a esta avanzada. Mientras Mauricio Macri concentra su atención en la Convención partidaria prevista en Parque Norte, desde el espacio sostienen que no modificarán su postura respecto del caso. En ese sentido, insisten en que cualquier investigación debe desarrollarse en sede judicial y no en el ámbito parlamentario.

Esa misma posición se reflejó en la Cámara de Diputados, donde el bloque conducido por Cristian Ritondo rechazó acompañar las iniciativas impulsadas por otros sectores. Argumentaron que los implicados deben resolver su situación ante la Justicia y no en el Congreso, y calificaron la ofensiva como un “circo del kirchnerismo”. Además, advirtieron que un avance del Poder Legislativo en ese terreno podría implicar, “en el mejor de los casos, una extralimitación de funciones y, en el peor, un uso arbitrario del poder parlamentario con fines desestabilizadores y antidemocráticos”.

Por su parte, la UCR aún no formalizó una postura, aunque en el interior del espacio predomina la idea de no acompañar las iniciativas impulsadas. Los antecedentes recientes refuerzan esa hipótesis: en abril de 2025, cuando se debatió la creación de la comisión investigadora y otros pedidos vinculados al caso, el partido mostró divisiones internas y una parte de sus legisladores terminó alineándose con el oficialismo.