La polémica por las licencias médicas volvió a encender tensiones dentro del oficialismo, incluso después de que el controvertido artículo 44 quedara fuera de la reforma laboral. Lo que parecía un capítulo cerrado reapareció tras declaraciones del presidente previsional del Senado, Bartolomé Abdala, quien aseguró que el Gobierno evaluaba retomar el debate sobre el pago de licencias durante el período ordinario. Sin embargo, desde la Casa Rosada salieron rápidamente a desmentir esa versión y marcaron distancia con el planteo.

Según confiaron fuentes con acceso directo al despacho presidencial, la iniciativa nunca formó parte de una decisión del Ejecutivo. “Nunca fue una determinación del Poder Ejecutivo. No hay posibilidad”, afirmó una voz de peso en Balcarce 50. Al menos tres integrantes de la mesa política coincidieron con esa postura un día después de que el senador hiciera públicas sus intenciones para 2026.

El artículo en cuestión había sido incorporado sobre el final del trámite legislativo de la reforma laboral. Su redacción habilitaba la posibilidad de reducir hasta un 50% el salario en casos de licencias médicas. Esa inclusión generó resistencias internas y externas, y terminó siendo eliminada a pedido de bloques aliados para garantizar la media sanción en Diputados, en línea con la estrategia legislativa impulsada por Javier Milei.

La decisión de retirar el punto no fue menor. La mesa política coordinada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, optó por dejarlo afuera pese a que ya había logrado el visto bueno del Senado. El movimiento fue interpretado como una señal de pragmatismo frente a la necesidad de asegurar los votos en la Cámara baja.

En un primer momento, dentro del oficialismo hubo desconcierto respecto de quién había impulsado la incorporación del artículo. Desde el entorno presidencial señalaron inicialmente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como responsable de haber sumado el texto al proyecto original del Ejecutivo. Con el correr de las horas, sin embargo, las miradas se desplazaron hacia la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien consiguió que el polémico apartado avanzara durante la sesión en el Senado.

Tras la aprobación en ambas cámaras y a la espera de una nueva revisión este viernes, la exministra de Seguridad reconoció públicamente que el oficialismo asumía la responsabilidad por lo sucedido. Admitió que la administración libertaria se hacía “cargo del error” y sostuvo que el texto había pasado por la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal Murphy.

Esa interpretación fue objetada por un dirigente libertario conocedor del proceso legislativo. “Legal y Técnica estaba en contra de sumarlo. Se dijo mucho, pero incluso la Secretaría alertó que iba a generar la polémica que generó”, replicó, rechazando que el área técnica hubiera avalado la redacción cuestionada.

En la antesala de la última sesión, Bartolomé Abdala reiteró su intención de revisar el tema más adelante. Sostuvo que la Casa Rosada buscaría “corregir el tema” para discutir si corresponde mantener el pago completo del salario ante accidentes o enfermedades no vinculadas al trabajo. Además, agregó: “Para nosotros también es importante que las licencias exageradas, abusivas, como son algunas que se sufren tanto en lo privado como en el sector público. Los certificados médicos truchos. Hay que hacer algo”.

No obstante, desde el círculo más cercano al Presidente volvieron a despegarse de esas declaraciones. Una fuente inobjetable consultada por este medio no solo descartó cualquier iniciativa en ese sentido, sino que relativizó el peso político del senador. “Abdala no es una referencia”, sentenció, pocas horas después de que el Senado lo confirmara como presidente previsional.

Pese a las desmentidas, dentro del oficialismo algunos interpretan que la exposición pública del tema podría responder a la voluntad de Patricia Bullrich de insistir con la modificación. No todos comparten esa estrategia. Un referente libertario planteó reparos sobre el costo político que implicaría reabrir el debate: “No entiendo por qué pagaríamos nuevamente ese costo político. En la justificación, Patricia había dicho que había quedado mal redactado, lo que pervertía el espíritu de lo que se había pensado. Al principio intentó que fuera un cambio, no derogarlo, no fue viable porque no salía la ley”.

La misma fuente dejó abierta una puerta, aunque con escepticismo: “Se podría intentar trabajar en esa redacción. La veo difícil, con la polémica que se armó, con esta composición de la cámara. En el Senado puede pasar, pero se nota que los números en Diputados no están finos”. Así, el artículo 44 continúa siendo un foco de fricción en un oficialismo que todavía calibra hasta dónde avanzar en su agenda laboral sin resentir su delicado equilibrio parlamentario.