A contrarreloj y para blindar el dictamen en el Senado, el Gobierno aceptó modificar casi 30 artículos y eliminar tres del paquete de “modernización laboral”. En las últimas horas, además, estiró hasta enero de 2027 la derogación de estatutos y dio marcha atrás con la eliminación del artículo 43 del Estatuto del Periodista, tras una llamada con la senadora Patricia Bullrich.
En la recta final hacia el 1° de marzo, con la urgencia de mostrar una señal política y económica a los mercados, el Gobierno decidió profundizar su giro pragmático para conseguir que la llamada “modernización laboral” se convierta en ley. Con ese objetivo, aceptó reescribir puntos sensibles del proyecto para sumar respaldos de gobernadores, sindicatos y cámaras empresarias, y también incorporó cambios sugeridos por la oposición dialoguista para asegurarse los votos.
El resultado fue un dictamen reconfigurado: casi treinta artículos fueron modificados y tres directamente quedaron afuera. Pero, además, el texto volvió a actualizarse en las últimas horas con un cambio clave: se estira el plazo de derogación de estatutos por un año más. El esquema original preveía 180 días, es decir seis meses. Ahora, en cambio, la vigencia se prolonga hasta enero de 2027, lo que implica una dilación cercana a un año.
Fuentes oficiales aseguraron que anoche, a las 21:30, hubo una llamada con la senadora Patricia Bullrich para cerrar la versión final del dictamen, con dos cambios puntuales: postergar por un año la derogación de todos los estatutos incluidos en la reforma y eliminar la derogación del artículo 43 del Estatuto del Periodista. Según esas mismas fuentes, ambas modificaciones quedaron incorporadas en la versión definitiva.
Más allá de ese giro de último momento, el dictamen mantiene los principales retoques acordados durante la negociación política. Entre los cambios más relevantes, se destacan los siguientes:
Pago de salarios y billeteras virtuales. Se eliminó la posibilidad de abonar sueldos a través de billeteras digitales. La restricción quedó plasmada en el nuevo artículo 35 del dictamen. En los hechos, las entidades bancarias —que ejercieron un fuerte lobby— conservarán el rol central y seguirán habilitadas.
Enfermedad o accidente: recorte de derechos. El nuevo texto ajusta el régimen en casos de enfermedad o accidente (artículo 44). Si la incapacidad no deriva del trabajo, el empleado podrá cobrar solo el 50% del salario cuando la imposibilidad de prestar tareas sea consecuencia de una actividad voluntaria y consciente. Además, se incorporan los artículos 44 bis y 44 ter para regular el aviso de enfermedad y los controles médicos, incluyendo la facultad del empleador de designar un profesional y la utilización de juntas médicas si hay discrepancias.
Indemnizaciones por despido: segmentación por tamaño de empresa. Al igual que en el dictamen original (artículo 60), el pago quedará a cargo de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado con una porción de las contribuciones patronales que antes tenían como destino la Anses. Sin embargo, se introdujo un cambio clave: la versión anterior fijaba un 3% uniforme, mientras que el nuevo texto diferencia entre grandes empresas (1%) y pymes (2,5%). Luis Caputo tuvo que ceder en este punto —uno de los más conflictivos—, aunque logró incorporar una cláusula que lo habilita a aumentar esos porcentajes en 0,5% si fuera necesario para sostener la meta de déficit cero.
Concesiones a los gremios. El dictamen retrocede en tres ejes impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que afectaban el financiamiento sindical:
-Se elimina el artículo que planteaba bajar del 6% al 5% el aporte patronal destinado a las obras sociales.
-Se mantiene la denominada “cuota sindical” compulsiva, que pagan los trabajadores estén o no afiliados, aunque con un tope del 2% del salario mensual y por un plazo de dos años. En el caso de aportes a cámaras empresarias, el tope será del 0,5%. Sturzenegger pretendía que estos aportes fueran voluntarios.
-Los empleadores continuarán actuando como agentes de retención de las cuotas de afiliación. El dictamen original exigía una autorización previa y expresa del trabajador.
Señal a los gobernadores.
El oficialismo dio marcha atrás con la reducción del impuesto a las ganancias a las sociedades en los tramos dos y tres del tributo. Caputo retrocedió tras la presión de gobernadores que advertían que esa medida recortaba de forma fuerte los fondos coparticipables. De todos modos, el dictamen sostiene la eliminación de impuestos internos sobre artículos suntuarios, automóviles, embarcaciones y elementos de comunicación.
Justicia Laboral.
El nuevo texto insiste en impulsar el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo —un fuero adverso al oficialismo— a la justicia porteña. A la vez, incorpora una fórmula que abre la puerta a una “progresiva reorganización o transformación”, aunque sin sumar materias laborales de competencia federal.
Financiamiento del Incaa.
Se difiere hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación del fondo que sostiene la actividad cinematográfica, alimentado por un impuesto del 10% sobre las entradas de cine, otro 10% sobre la venta o alquiler de videogramas y un 25% de la recaudación del Enacom. El dictamen original buscaba eliminarlo de inmediato y reemplazarlo por financiamiento presupuestario discrecional.
Derogación de estatutos: plazo extendido y marcha atrás con el artículo 43.
La versión final mantiene la derogación de cinco estatutos, pero ya no bajo el esquema original de 180 días. En cambio, el texto extiende el plazo hasta enero de 2027, lo que implica casi un año más de vigencia antes de que empiecen a aplicarse los cambios. Además, se eliminó del dictamen la derogación del artículo 43 del Estatuto del Periodista, que en versiones anteriores quedaba suprimido apenas entrara en vigencia la reforma.
