El núcleo de poder del gobierno de Javier Milei se reunió al mediodía en Casa Rosada para definir el tramo final de la estrategia legislativa en el Senado. El encuentro giró en torno al proyecto de Modernización Laboral, que el oficialismo llevó al recinto en sesiones extraordinarias y trató el próximo 11 de febrero.

La reunión se realizó en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien encabezó la mesa. Participaron Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli e Ignacio Devitt. También asistió el ministro de Economía, Luis Caputo, cuya presencia se volvió habitual por el impacto fiscal de los temas en debate.

La cumbre se extendió por cerca de dos horas. Antes del inicio, una fuente del oficialismo indicó que el objetivo central fue conocer el estado de los votos en el Senado. Bullrich presentó el panorama legislativo y detalló los apoyos y las resistencias. En el Gobierno evaluaron una nueva reunión para cerrar la estrategia política de la sesión.

El clima político se vio atravesado por un gesto de los gobernadores dialoguistas. Se suspendió una reunión paralela que buscó presionar por cambios en el proyecto. En la Casa Rosada interpretaron esa decisión como una señal de acercamiento en el cierre de las negociaciones.

El punto más sensible de la discusión fue el artículo que redujo el impuesto a las Ganancias para Sociedades. En el oficialismo sostuvieron que la baja del tributo incentivó la formalización y mejoró la recaudación. Los gobernadores expresaron una mirada opuesta y advirtieron por el impacto negativo en la coparticipación.

Dentro de la mesa política convivieron dos posiciones. Un sector planteó mantener el texto original. Otro propuso concesiones, como una aplicación gradual o una baja atada al crecimiento económico. Sin embargo, una fuente del espacio libertario afirmó: “La postura que está ganando por ahora es la de no modificar nada. O se aprueba así como está, o no sale”.

En algunas provincias asumieron que esa línea respondió a una definición directa del Presidente. Un dirigente del oficialismo se quejó por la desconfianza de los mandatarios provinciales y lanzó: “Los gobernadores protestan porque no saben cómo están las cuentas fiscales”.

En paralelo, en el Gobierno analizaron una jugada táctica. Buscó concentrar la tensión en Ganancias para preservar el resto de las reformas técnicas. Una fuente oficial explicó días atrás que “0,15 por ciento del PIB se puede compensar de alguna u otra manera”. En ese esquema, el Ejecutivo aceptó resignar el capítulo tributario para blindar el corazón del proyecto.

Pese a las dudas, en la Casa Rosada transmitieron confianza. Aseguraron que el oficialismo consiguió los votos para la aprobación en general. “Es un hecho, con los bloques dialoguistas tenemos el apoyo”, señalaron fuentes parlamentarias. La incógnita quedó en la votación artículo por artículo.

Bullrich confirmó que el llamado a sesión avanzó y sostuvo que la negociación quedó “95% cerrada”, aunque reconoció pendientes ligados a discusiones entre gobernadores, senadores y ministros.

En el oficialismo también registraron señales favorables desde provincias clave. Gobernadores como Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro suspendieron encuentros con la CGT y se bajaron de una cumbre en el CFI. En Balcarce 50 leyeron esos gestos como una voluntad de que la reforma avanzara.

La definición final sobre Ganancias quedó en manos de Luis Caputo, con aval directo de Milei. En el Gobierno asumieron el riesgo político y apostaron a una media sanción que permitiera exhibir capacidad de acción ante los mercados.

Además, la mesa política analizó otros puntos sensibles. Evaluó el margen para crear el Fondo de Asistencia Laboral, con un aporte del 3% del salario y posibles diferenciaciones por tamaño de empresa. También revisó la derogación de estatutos laborales específicos, entre ellos el del periodista, que enfrentó resistencia opositora.

Más allá del desenlace legislativo, en el oficialismo coincidieron en un diagnóstico: la reforma laboral funcionó como una prueba de poder político y como una señal de que el Gobierno avanzó con su agenda estructural, aun en un escenario de negociación tensa con las provincias.