La decisión de Marco Lavagna de dejar la conducción del Indec no surgió de un desgaste personal ni de un error técnico. Respondió a una pulseada directa con el Gobierno por la publicación del nuevo índice de inflación, que el organismo tenía listo desde meses atrás. La discusión escaló en los últimos días y terminó en un portazo que sorprendió incluso a sectores del propio equipo económico.

Lavagna buscó avanzar con la actualización del IPC y encontró una negativa firme de la Casa Rosada. El nuevo índice incorporaba cambios en la canasta y en los ponderadores. Le daba más peso a los servicios, en un contexto de aumentos de tarifas ya anunciados. El Ministerio de Economía advirtió que esos ajustes iban a correr por encima de la inflación durante el año. La publicación del nuevo IPC alteraba el eje central del discurso oficial.

Desde el entorno del ahora exdirector del Indec señalaron que no quiso asumir otra postergación. El organismo había anticipado la salida del nuevo índice en informes oficiales. Lavagna entendió que retrasarlo implicaba pagar un costo político y dañar la credibilidad del sistema estadístico. La discusión se volvió irreconciliable y derivó en la renuncia.

En el Gobierno explicaron la decisión en términos políticos y comunicacionales. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo: «Lavagna tenía la idea de presentar la nueva medición ahora en enero, nosotros creemos que eso no era razonable». Agregó que el objetivo era sostener la comparabilidad de los datos y afirmó: «nos parecía justo tener un INDEC que nos dé un índice comparable a estos dos años».

La Casa Rosada también esgrimió el temor a críticas opositoras. Adorni planteó: «No queremos que el kirchnerismo lo utilice como excusa para decir que estamos falseando el índice». Según esa mirada, cambiar la metodología en medio del proceso de desinflación podía generar sospechas sobre la baja de los precios.

El argumento técnico quedó en segundo plano frente a la estrategia política. El nuevo IPC no mostraba diferencias sustanciales en períodos sin cambios bruscos de precios relativos. El problema surgía con las tarifas. En esos casos, el índice reflejaba subas más marcadas. El Gobierno anunció aumentos fuertes en gas, luz y transporte. El nuevo índice ponía en riesgo el relato de una inflación bajo control.

Luis Caputo reforzó esa posición. Señaló que el cambio debía llegar cuando la desinflación estuviera consolidada. Dijo: «La visión nuestra es que no hay necesidad de cambiar el índice ahora» y remarcó: «Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de desinflación esté consolidado». La prioridad pasó por sostener el sendero discursivo, no por actualizar la medición.

La salida de Lavagna dejó expuesta otra señal de alerta. El Banco Central había advertido sobre los riesgos del cambio de canasta en informes recientes. El propio Indec ya había informado que el nuevo IPC estaba en marcha. La renuncia quebró la previsibilidad y dañó la confianza en las estadísticas públicas, un activo sensible tras años de manipulación en el pasado.

El Gobierno designó a Pedro Lines como reemplazo. Se trata de un técnico reconocido, aunque dentro del organismo persisten dudas por el deterioro salarial y por la autonomía real de la gestión. La preocupación no se limita a un nombre propio. El episodio reinstaló la sospecha de intervención política sobre el Indec.

En el organismo lo expresaron con crudeza. «Es muy malo aceptar alegremente que el Gobierno te diga qué podés publicar y qué no», advirtieron técnicos del área de precios. El Fondo Monetario Internacional había recomendado la actualización del índice para «reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos».

La renuncia de Lavagna no cerró una discusión técnica. Abrió un interrogante político. El Gobierno eligió postergar el nuevo IPC para sostener su narrativa sobre la inflación, aun al costo de debilitar la credibilidad barrida por años de desconfianza. El Indec volvió a quedar en el centro de una disputa que trasciende los números y toca el corazón institucional del Estado.