Por Carlos Brown, presidente del Movimiento Productivo Argentino

Como si la actuación desplegada durante estos últimos años por el Secretario de Comercio de la Nación Guillermo Moreno no hubiese resultado suficientemente deplorable y perniciosa para el país, en particular a partir de 2007, como violento artífice de la intervención del INDEC y de la sistemática destrucción de las estadísticas públicas, semanas atrás nos venimos a enterar que, invocándose legislación en materia de Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor y en impropio uso -y abuso- de atribuciones, desde una dependencia a su cargo, se intimó a diversas consultoras privadas a revelar la metodología y fuentes de sus mediciones de inflación, bajo apercibimiento de ser severamente multadas en caso de incumplimiento, en una flagrante vulneración de derechos fundamentales como la libertad de empresa, y en definitiva, la libertad de de expresión.

En efecto, ante la deliberada y planificada falta de estadísticas públicas confiables, diversas consultoras privadas, ONG’s, universidades, se han volcado en los últimos años, con diferentes grados de rigor metodológico, a la producción de mediciones de ciertas variables económicas y sociales, en orden a cubrir el importante vacío informativo.

Por supuesto, solo como paliativo, pues la producción estatal de este insumo informativo básico es insustituible.

Pretendiendo dar sustento a tan descabellada y agraviante iniciativa, los funcionarios del Gobierno Nacional invocan, concretamente, tergiversando sus objetos, la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial y Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor. Inclusive la Ley Nº 20.680 de Abastecimiento, cuyas atribuciones delegadas en el PEN se encuentran caducadas desde el 24 de agosto del año pasado, en virtud del artículo 76 y la cláusula octava de la CN.

Ley Nº 22.802 a través de su artículo 9º, particularmente invocado, busca proteger al consumidor prohibiendo, dice, “la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”, graduando en su artículo 21, a criterio de la autoridad de aplicación de la norma, multas de hasta $500.000.

Claramente se mezclan aquí las cosas, y el objetivo perseguido, valiéndose de esta cobertura legal, no es la protección del consumidor, sino la persecución y el silenciamiento del “mensajero”, la profundización, en definitiva, de una política consistente en la negación sistemática de la realidad.

Desde 2007 las estadísticas oficiales sólo reconocieron alrededor de una tercera parte de la inflación real y la mitad de la pobreza e indigencia. Los guarismos oficiales “esconden” hoy no menos de cuatro millones de argentinos pobres.

No hay precedentes semejantes de manipulación de las series estadísticas oficiales.

La disponibilidad de estadísticas públicas serias y confiables, además de ser un derecho básico de la ciudadanía, constituye un insumo fundamental para la formulación, ejecución y control responsable de las políticas públicas. Mal se puede gobernar sin ellas. Mal se puede resolver un problema que no se mide, o peor aún, que se niega, como la inflación y la pobreza, lo cual es moralmente inaceptable.

Resulta imperioso por tanto revertir esta situación.

En lugar de perseguir consultores, a través de acciones de neto corte “macarthista”, debiera el Gobierno contribuir en realidad a la inmediata normalización de nuestro sistema estadístico.

Por lo pronto, reiniciadas las sesiones ordinarias, habilitando en el Congreso Nacional un debate serio y la sanción de una reforma integral del INDEC, fortaleciendo su autonomía técnica, financiera y administrativa, transparentando el proceso de designación y remoción de sus directores y cuadros técnicos, y armonizando el esfuerzo estadístico en el orden federal.

Por supuesto, deberán también considerarse y repararse debidamente los desplazamientos de trabajadores del organismo desde la intervención en 2007.

Como ha quedado permanentemente demostrado, difícilmente sea este el camino que el Gobierno decida transitar.