«Reduce los márgenes de deliberación democrática», asegura el comunicado compartido.
La Defensoría del Pueblo de Vicente López, en el marco de la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), manifestó su “grave preocupación institucional” por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional. Según el organismo, la medida “contraría la Constitución Nacional y vulnera principios básicos del sistema democrático”.
La Defensora de Vicente López, María Celeste Vouilloud, subrayó que la utilización de un DNU para introducir cambios estructurales en el sistema de inteligencia “reduce los márgenes de deliberación democrática y limita la intervención del Congreso en una etapa decisiva”. En ese sentido, advirtió que la habilitación para que agentes de inteligencia puedan aprehender personas bajo supuestos amplios “expande el poder estatal sobre la libertad ambulatoria sin un marco de actuación claro y controlable”.
📨 Comunicado oficial de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (@defensoriasadpra) expresa su preocupación por la reforma del sistema de inteligencia impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional. pic.twitter.com/PIuxy0xnEe
— Defensoría del Pueblo de Vicente López (@defensorvlopez) January 9, 2026
El comunicado también alertó sobre la creación de un organismo con amplias facultades sobre el ciberespacio y la obligación de compartir información sensible de la población sin estándares de supervisión independiente, lo que representa “un claro avance contra la intimidad y la privacidad de las personas”. Asimismo, cuestionó la ampliación del carácter encubierto de las actividades de inteligencia, que “obstaculiza el control parlamentario, judicial y social”.
Finalmente, la Defensoría de Vicente López exhortó al Congreso de la Nación a revisar y rechazar el DNU, reafirmando que cualquier reforma del sistema de inteligencia debe fortalecer el control civil, la transparencia institucional y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. “La seguridad democrática no se construye ampliando facultades excepcionales, sino consolidando instituciones sujetas a la ley y la Constitución Nacional”, concluyó la directora.
