En el marco de la reciente sanción de la Ley de Endeudamiento, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio un paso clave al formalizar los nombres de sus integrantes para la comisión Bicameral de Seguimiento, el órgano que tendrá a su cargo el control legislativo sobre el destino de los recursos y la toma de deuda autorizada.

De acuerdo con lo estipulado en la normativa, la comisión estará compuesta por 12 miembros: siete diputados y cinco senadores, con participación de las minorías parlamentarias. En esta primera etapa, la Cámara baja avanzó mediante una resolución interna y dejó definida su nómina de representantes.

Por el oficialismo fueron designados Rubén Eslaiman y Carlos Puglelli, ambos pertenecientes al Frente Renovador, junto a la dirigente de La Cámpora Mayra Mendoza, el diputado del Partido de La Costa Juan Pablo de Jesús y Mariano Cascallares, en representación del Movimiento Derecho al Futuro. La selección apunta a mantener el equilibrio interno dentro del bloque de Fuerza Patria y reflejar la diversidad de espacios que lo integran.

En tanto, desde los bloques opositores se confirmó la participación de Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, y de Alejandro Rabinovich, titular de la bancada del PRO. Las designaciones fueron avaladas por el cuerpo que encabeza el presidente de la Cámara, Alejandro Di Chiara.

En lo que respecta al Senado bonaerense, aún resta completar la integración. La definición de los cinco representantes de la Cámara alta quedará a cargo de su presidenta, Verónica Magario, quien deberá oficializar los nombres en los próximos días. Cabe recordar que la Bicameral fue incorporada durante las negociaciones legislativas previas a la sanción de la ley que habilitó al gobernador Axel Kicillof a endeudarse y a brindar asistencia financiera a los 135 municipios.

La comisión mixta tendrá entre sus atribuciones la facultad de requerir informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria y los principales indicadores económicos, tanto de la Provincia como de las comunas. Además, deberá recibir los proyectos elevados por los municipios y acceder a información detallada sobre el estado de la deuda pública provincial.

El control legislativo se enfocará especialmente en el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que contará con un piso mínimo de 250 mil millones de pesos. Esos recursos se distribuirán en un 70% según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante se destinará a programas provinciales.