La investigación judicial por un esquema de corrupción y desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad provocó una ola de despidos y renuncias que alcanza a direcciones claves y nexos con el Ministerio de Economía. Se investiga un fraude de $37 mil millones.
El escándalo por el presunto sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) continúa escalando y ya ha descabezado a gran parte de la cúpula y líneas medias del organismo. Según se reveló en las últimas horas, son once los funcionarios que han sido desplazados o forzados a renunciar tras la filtración de audios y chats que exponen una red de complicidades internas y desvíos millonarios.
La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, apunta a una estructura piramidal que operaba «de memoria» para manipular licitaciones públicas en favor de laboratorios y droguerías, generando un perjuicio estimado en 37 mil millones de pesos.
La caída de la cúpula y los mandos medios
La lista de desvinculaciones la encabeza Diego Spagnuolo, ex director de la agencia, quien fue el primero en ser removido tras conocerse los audios. Según trascendió, el exfuncionario se presentó ante la justicia pero se negó a declarar y no respondió preguntas.
Sin embargo, la limpieza en el organismo fue mucho más profunda. Daniel María Garbellini, responsable de compras de ANDIS, fue señalado por el fiscal como una pieza central en la operatoria, estando involucrado «en absolutamente todo» dentro del circuito administrativo.
A ellos se suma Roger Grant, coordinador de gestión de urgencias, cuyos chats expuestos en la causa revelan su rol activo para «ordenar todas las licitaciones» que se realizaban, asegurando que los procesos beneficiaran a los actores privados pactados.
La conexión con Economía y los «teléfonos limpios»
Una de las aristas más graves de la investigación involucra a Ornella Calvete, funcionaria de Economía, cuyo domicilio fue allanado encontrándose 700.000 dólares en efectivo.
Su situación se complicó aún más con la aparición de escuchas judiciales que la vinculan a Javier Cardini (o Cardeno), su pareja y exfuncionario de Economía. En dichas grabaciones, se discute explícitamente la necesidad de «limpiar los teléfonos» y borrar conversaciones comprometedoras, evidenciando maniobras de encubrimiento ante el avance judicial.
La lista completa y lo que viene
El barrido de funcionarios implicados incluye además a:
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Diego D’Giano: Director de prestaciones médicas y auditor.
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Nahuel Tavernelli: Director de Administración Técnica y Legal.
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Edmundo Gaspar Sentis: Coordinador de Asuntos Contenciosos.
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Eduardo «Pino» González: Señalado por sobrefacturación y compulsas dirigidas.
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Susana Calvete: Abogada en el Ministerio de Economía.
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Lorena di Giorno: Quien debe declarar el próximo 28 de noviembre y se perfila como la próxima baja oficial.
Fuentes cercanas a la causa anticipan que la sangría de funcionarios no ha terminado. Se espera la publicación de nuevas bajas en el Boletín Oficial en las próximas horas, mientras la fiscalía se prepara para apuntar más arriba, poniendo la lupa sobre las droguerías beneficiadas por este esquema de corrupción.
